Los titulares de algunos medios destacaron con un tono de crítica que la fiscal general de la República destituyó a los fiscales encargados de las fiscalías que dirigieron investigaciones contra los militares.

La primera de ellas es la fiscal Pineda, quien laboró 14 años en el Ministerio Público, 10 de los cuales estuvo en la Fiscalía de Derechos Humanos. “Es la que vinculó a los oficiales del Ejército en condición de retiro en distintos tipos penales”. -Apunta la nota.
Y agrega: “También el fiscal Romero, laboró durante 27 años en el MP. Estuvo de 1995 al 2012 en la Fiscalía de Derechos Humanos investigando casos por violaciones de DDHH durante el conflicto armado interno” (…)

El grito en el cielo y la rasgadura de vestimentas viene, naturalmente, del campamento que durante tantos años ha tenido una cabeza de playa en control y dominio de tan importantes fiscalías; nada menos la que investiga, detiene y enjuicia sonados y trascendentes casos contra oficiales del Ejército por supuestas violaciones cometidas durante el conflicto armado.

De si estos han sido objetivos justos e imparciales, definitivamente “no”, diríamos muchos, que, a lo largo de las últimas décadas hemos sido críticos por la forma, enfoque y conducción de los juicios militares iniciados por miembros de oenegés con comprobados nexos de militancia guerrillera, como Claudia Paz y Paz, Frank La Rue, Mario Polanco, Myrna Mack, Mynor Melgar y Rigoberta Menchú.

Se infiere que cualquiera, menos este campamento rosa, estaría de acuerdo en que ya era hora de hacer un cambio de guardia. Una corrección de rumbo para reemplazar a estos fiscales por otros más objetivos y menos ideologizados. Los oficiales del Ejército han tenido que cargar durante muchos años con este peso muerto injusto a cuestas.
En ese sentido, se entiende la decisión de la fiscal general, Consuelo Porras, de imprimirle un nuevo rumbo a estas fiscalías. Admitido. Es un acto con subtextos políticos.

El juez Gálvez se ha caracterizado por negar medidas sustitutivas a militares de la tercera edad que llevan años detenidos. Uno de ellos murió en prisión. Véase la paradoja de un juez que, ahora, desprovisto de pronto sin la capa de superhéroe y sin poderes, se encuentra a la merced de la Corte de Constitucionalidad, demandando el respeto a los derechos humanos que él mismo, en forma consistente, ha negado.

Los casos no avanzan porque en este intrincado sistema de justicia lo que menos priva es una justicia imparcial. Hay sesgo e interés ideológico. Son actos políticos con escena, drama y liturgia. Es la misma guerra de la paz que nunca se firmó realmente. Una vorágine de enredos ideológicos que jamás se reconciliarán porque se repelen como el agua y el aceite.

La cuestión de si es o no correcto despedir a fiscales que llevan años metiendo a militares en la cárcel y negándoles sus derechos de presuntos inocentes y medidas sustitutivas una y otra vez, porque, bajo el prisma de su propia ideología, no lo ven conveniente, es más que suficiente para justificar que todo tiene un principio y un fin; que ya tuvieron su cabeza de playa con un control absoluto desde los tiempos de la fiscal Paz y Paz y el juez Barrientos, director de la Cámara Penal. Que ya es hora de respirar hondo y aceptar que perdieron la cabeza de playa.
Bien hecho, señora fiscal general.