Recientemente se ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la libertad de expresión, escudando bajo este concepto acciones deplorables que personas han cometido tras posiblemente ser influenciadas por otras que desde su posición aprovechan el poder que tienen sobre las masas.

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. La Constitución Política de Guatemala lo protege. En el artículo 35, en el título concerniente a los Derechos Humanos, Capítulo I de Derechos Individuales, se expresa: “Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones”. Como en todo, existen excepciones, ya que también cita que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. Es decir, al aceptar un cargo público, debe entenderse que las personas tendrán que responder por sus acciones, pero ese es tema para otra columna.

Entonces, ¿existen los límites de la libertad de expresión? Y cómo muchos se cuestionan, ¿De existir, no limita también nuestros derechos humanos?

Todos hemos escuchado alguna vez la frase: “Tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás”. Esto significa que si mis decisiones y acciones afectan de alguna forma los derechos de otra persona, es cuando debemos empezar a establecer límites. No todo es blanco y negro. La libertad de expresión no respalda las expresiones que inciten a la violencia en contra de un individuo o un grupo de personas. No puede ser utilizada para fomentar el odio, no puede tocar de forma impasible temas que son sensibles para la sociedad. No se trata de limitar el discurso, sino de tener consciencia de que todo lo que se dice o se hace tendrá una consecuencia en los demás, y nuevamente, cuando el discurso viene desde una posición de poder, indiscutiblemente logrará permear en las personas sobre las que se ejerce influencia. Debemos ser conscientes también de que algunas acciones incluso pueden tener consecuencias legales.

Hace pocos meses, la canciller alemana, Ángela Merkel, lanzó un potente discurso en el Parlamento de la República Federal de Alemania, en Berlín, que fue viralizado en todo el mundo. En mi opinión, sus palabras se aplican perfectamente al tema que estamos discutiendo, por lo que las citaré textualmente: “Hay libertad de expresión en nuestro país. A todos aquellos que dicen que no pueden expresar sus opiniones, les digo: si das tu opinión, debes asumir el hecho de que te pueden llevar la contraria. Expresar una opinión tiene sus costes. Pero la libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada. Esta cámara debe oponerse al discurso extremista. De lo contrario, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es”, dijo. Han pasado 75 años desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de que algunos aún hoy intentan desvirtuar la historia, las heridas que ha dejado en la humanidad son imposibles de cerrar. Mucho de lo que pasó en ese entonces puede atribuirse a un discurso de odio que fue escalando de forma desmedida, ante la indiferencia de muchos. Un discurso conciliador como el de la señora Merkel no puede borrar las huellas históricas, sin embargo, reconoce el valor de asumir con responsabilidad nuestros derechos. El derecho de la libertad de expresión es fundamental, sin embargo, no puede ser una excusa para fomentar el odio.