El adverso resultado de las pasadas elecciones generales, cuando falló el sempiterno plan del llamado Pacto de Corruptos de jugar con la voluntad popular e inducir la elección del monigote de su conveniencia, obligó al presidente a provocar la actual situación política de Guatemala, acción que sacó a luz valores y llamados gestados tiempo atrás.

Para no ir muy lejos en la historia, tomo 1986, cuando alcanzamos la ilusoria era democrática: una nueva Constitución Política, nuevas instituciones y ciudadanos preparados, íntegros y honestos al frente de ellas. Espejismo que se desvaneció cuando una clase emergente de sinvergüenzas se apoderó de las instituciones, orquestada por el Pacto aquel, a fin de gobernar, legislar y actuar “legalmente” en su beneficio. A 37 años de entonces, el comportamiento venal de políticos, funcionarios y dirigentes; empresarios, militares y narcotraficantes infiltrados en la administración pública, no pasó desapercibido. Forjó rechazo, estimuló unidad ciudadana y fortaleció la conciencia cívica gestada tiempo atrás.

Destaca la organización de la Junta Directiva y Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, cuyo actuar ancestral en defensa del territorio, costumbres y organización social es admirable. Su reconocida capacidad permitió que buena parte del espectro multicultural de Guatemala atendiera su llamado al Paro Nacional en defensa de la institucionalidad y la voluntad popular expresada en las urnas, al elegir a quienes gobernarán los próximos cuatro años. Ha sido un deleite ver la elegancia y distinción de su actuar, declaraciones y manejo de la autoridad y sus símbolos; de cómo, alzando sus Varas símbolo del poder—, en las que radica la fuerza del pueblo, protegieron la integridad física del Procurador de los Derechos Humanos y su escolta, al salir del Ministerio Público… ¡Ya quisiera ver esa dignidad en algún miembro del Pacto de Corruptos y su combo gubernamental!

Las declaraciones de la fiscal general al anunciar haber detectado personas generando desorden en las manifestaciones, así como su condena, expuesta por el presidente en declaración pública el lunes 9 por la noche, argumentando, además, injerencia extranjera y otras sandeces, me asombraron. Ese mismo día por la mañana, en las redes sociales, vimos cómo se organizó a esos “infiltrados oficiales” que más tarde, armados de palos y tubos, destruyeron bienes públicos y privados, violentando la celebración festiva de los ciudadanos indignados.

Se publicó también cómo esos delincuentes gubernamentales la tomaron en contra del Monumento al Bicentenario de la Independencia, falsa e innecesaria interpretación del Real Palacio frente a la Plaza Mayor de la Nueva Guatemala de la Asunción. Acto vandálico que definitivamente condeno. Aunque me pareció resultado de una instrucción precisa que el Ministerio Público debió tomar tiempo atrás, ante mi denuncia por delito contra el patrimonio cultural, ya que su construcción atenta en contra de la integridad y conservación del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, protegido por la ley.

Denuncia que presenté en Sept2021 a la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación, por considerar que la idea de recrear el Real Palacio, destruido por los terremotos de 1917-18, es absurda e ilegal. Denuncia que no prosperó. Pero que ahora, circunstancialmente, conscientes o no, los maleantes oficiales hicieron su parte. La orden debió ser girada, de acuerdo a la ley, a la municipalidad capitalina, responsable del adefesio, para que procediera a su demolición.

Sana decisión que permitiría hacer valer la protección del centro histórico, rescatar el paisaje urbano del Parque Centenario y las pérgolas que albergaron el tradicional y añorado Peladero.