Este 30 de enero, Bernardo Caal Xol cumplió 4 años de injusta prisión. A pesar de la inconsistencia de las acusaciones, de la falta de pruebas para sustentar los delitos y de la cadena de violaciones al debido proceso ampliamente documentadas, hace 1,460 días que el líder comunitario q’eqchi’ está privado de su libertad. Amnistía Internacional lo considera un “preso de conciencia”, porque el proceso penal en su contra se dio como consecuencia de encabezar la lucha en defensa del río Cahabón en Alta Verapaz. A Bernardo Caal lo condenaron en 2018, a 7 años de prisión por los delitos de robo agravado y detenciones ilegales.

El MP presentó como “pruebas” las declaraciones juradas de cuatro trabajadores de la empresa Netzone —contratista de la hidroeléctica Oxec— que lo señalan como líder de un grupo de pobladores que los interceptó en una carretera en 2015. El juez dio por válidas las declaraciones, aun cuando la defensa comprobó que Bernardo Caal no se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos y a pesar de que el MP fue incapaz de vincularlo al robo del equipo de construcción.

Un informe conjunto de la PDH y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) de 2019 así lo señala: “En muchos de los casos analizados, finqueros o trabajadores de diferentes empresas identifican a las y los líderes de la comunidad o movimientos, presentan denuncias en su contra, participan como querellantes adhesivos en los casos penales o figuran como agraviados. Por ejemplo, el defensor indígena Bernardo Caal fue condenado a más de 7 años en un caso en el cual la empresa Netzone, S. A. presentó la denuncia, participó como querellante adhesivo en el proceso legal y dio testimonio como supuesto agraviado de actos de detención ilegal”. Pero como no se trata de hacer justicia sino de romper la resistencia comunitaria y dar una “lección” ejemplar sobre lo que le puede pasar a quienes se opongan a los megaproyectos y defiendan los recursos naturales en sus territorios, no hacen falta pruebas ni una acusación suficientemente sustentada.

Así funciona la criminalización en Guatemala, que no es otra cosa que el uso del Derecho Penal como herramienta de persecución y castigo en contra de quienes resultan “incómodos” a los intereses de los grupos de poder político y económico. “La condena del líder q’eqchi’ es un aparente intento de silenciar y desacreditar el ejercicio legítimo de los derechos de la comunidad indígena”, señaló la Oacnudh tras conocerse la sentencia. Un detalle que no es menor es que la captura y procesamiento de Bernardo Caal en el 2017 —dos años después del supuesto robo de equipo y retención de los trabajadores de la empresa— se dio luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera la suspensión provisional del proyecto Oxec y la Corte de Constitucionalidad ordenara la realización de la consulta —previa, libre e informada— en las comunidades afectadas por el desvío del río Cahabón. Y la osadía de enfrentar a los poderosos, en un país como el nuestro, se paga con cárcel.

A tal punto llega el doble rasero, que el mismo MP que se ensaña contra líderes indígenas y sociales como Bernardo Caal o activistas ciudadanos como Nancy Sinto, Juan Francisco Monroy y Dulce Archila, se muestra complaciente —por decir lo menos— en la acusación contra el exministro José Luis Benito al que acusa solamente de “fraude” cuando tiene pruebas suficientes para sustentar su participación por delitos graves en la construcción del monumento a la corrupción que es el libramiento de Chimaltenango. Así las cosas, en el país de la sempiterna impunidad.

Por eso, una vez más quiero unirme desde esta columna y manifestar: Defender la vida no es delito. Defender el agua no es delito. Libertad y justicia para Bernardo Caal.