El deporte nacional pasa por sus peores momentos. Dos grupos se disputan el control del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), a los cuales no les importa la superación de los atletas, sino el saqueo de los cerca de Q500 millones asignados a esa entidad. Por un lado está Gerardo Aguirre y su mafia, que tratan de aferrarse al poder que han tenido desde el 2013 para seguir dilapidando los recursos. Por el otro está Jorge Rodas, el favorito del presidente Alejandro Giammattei y su amigo Miguel Martínez, para dirigir el comité olímpico local. Con el fin de lograr su permanencia, Aguirre introdujo cambios en los estatutos del COG, con el aval del Comité Olímpico Internacional (COI). En respuesta, Giammattei movió sus hilos de poder en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los magistrados Dina Ochoa, Leyla Lemus y Héctor Pérez Aguilera suspendieran esas reformas. La voracidad de estos grupos podría costarles a los deportistas nacionales la exclusión de cualquier competencia internacional.

¿La intervención del presidente Giammattei buscaría el rescate del deporte nacional? Para nada. Su objetivo es tener acceso a los fondos asignados al deporte para poder utilizarlos en la próxima campaña electoral. Esa sería la razón por la cual hizo que la CC se involucrara en un conflicto en el que no tiene ninguna competencia. El COG es autónomo, por lo cual puede emitir o modificar su normativa interna y solo requiere el visto bueno del COI. La intervención servil de la CC vulneró la autonomía del deporte. Por ello, el COI demanda que se levante la suspensión de los estatutos y se garantice la independencia deportiva. Si para el 15 de octubre la CC no ha levantado su absurdo intervencionismo, los deportistas guatemaltecos van a ser excluidos de las justas internacionales. No podrán competir bajo la bandera nacional, ni se escuchará el himno nacional en los juegos olímpicos ni en ninguna otra competencia foránea.

Los primeros estragos ya comenzaron a sentirse. Esta semana, la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca) canceló la XII edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos, que iban a ser organizados en forma conjunta por Guatemala y Costa Rica, a partir del 27 de octubre. En su comunicado, la Ordeca deja claro que el problema es la interferencia oficial, que viola la autonomía del movimiento olímpico. Este es un duro golpe no solo para los deportistas nacionales, sino también para sus pares centroamericanos, que se convierten en las primeras víctimas del servilismo de los magistrados de la CC, así como de la voracidad de Giammattei y Aguirre. No se trata solo de la imposibilidad de participar en los juegos istmeños, sino que estas justas forman parte del ciclo olímpico como preparación para las Olimpiadas de París, que tendrán lugar en el 2024.

El intervencionismo de Giammattei y los magistrados de la CC no engaña a nadie. James Macleod, uno de los directivos del COI, expresó que la decisión de la Corte obedece a “razones poco claras” y que de no resolverse implicaría no solo la suspensión de los deportistas guatemaltecos en competencias internacionales, sino que estos tampoco recibirían ningún financiamiento del Movimiento Olímpico. En términos reales, 322 atletas guatemaltecos quedarían sin seguro de gastos médicos y de vida, así como perderían el apoyo económico mensual del Programa de Retención de Talentos. Esa situación también afectaría a 138 entrenadores y técnicos de alto rendimiento, 74 técnicos deportivos y 78 técnicos de administración y operación. Toda una tragedia para el deporte nacional, que sucumbe por intereses espurios. La alternativa sería la convocatoria a nuevas elecciones en el COG, en las que deberían quedar excluidas las planillas de Aguirre y Rodas para dar paso a nuevas figuras que no estén bajo el signo de la opacidad y la corrupción.