La cobertura mediática del arresto del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, encierra un mensaje peligroso. Los columnistas y reporteros se regocijan porque un político de “derecha” fue acusado de delitos, que probablemente cometió y por los que debe ser juzgado. Celebraron igualmente la caída en desgracia de Francisco Flores (El Salvador), Ricardo Martinelli (Panamá) y otros. Pretenden convencernos de que los gobernantes de izquierda, como la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, salvarán a la región del crimen organizado.

En realidad, la raíz de estos flagelos es el poder: la corrupción y la narcoactividad tienen cabida cuando los gobernantes, de cualquier posición ideológica, pueden favorecer a amiguetes, comprar voluntades, ocultar malos manejos, censurar los medios y manipular las leyes.

Para empezar, la etiqueta “derecha” genera confusión. La gran mayoría de los políticos latinoamericanos son estatistas, intervencionistas, oportunistas o mercantilistas. Es rarísimo aquel que pregona la libertad de mercado, respeta irrestrictamente la propiedad privada, limita el gasto público y fortalece el estado de Derecho. Lo más “libertario” que hizo J. O. Hernández fue autorizar las Regiones Especiales de Desarrollo. Castro amenaza con cerrarlas. Pero las políticas de Hernández y Castro no se distinguirán demasiado en los que respecta a déficits fiscales, un abultado gasto público y diversos proyectos sociales redistributivos.

Por otra parte, los gobernantes que ostentan amplios poderes tienen más que ofrecer a los criminales. Entre más autoritario es el gobernante, más controla a las fuerzas de seguridad y las cortes, así como la propaganda y las noticias. Los dictadores suelen apropiarse de bienes inmuebles, fincas y empresas. Rinden menos cuentas a la ciudadanía. El Índice Global de Crimen Organizado lo confirma: los países con sistemas políticos democráticos —que son más libres, o más de “derecha”— son más resistentes al crimen organizado que los países autoritarios.

Los políticos socialistas no son incorruptibles, como se deduce al estudiar el Índice de Percepción de Corrupción. Los regímenes socialistas, totalitarios y represivos, como Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua, Siria, Afganistán y Turkmenistán son de los más corruptos del mundo.

Estudiosos han analizado los vínculos entre la izquierda, la delincuencia y el narcotráfico. Evo Morales expulsó a la DEA de Bolivia, Rafael Correa fue implicado en el tráfico de drogas, y Mauricio Funes de El Salvador, acusado de lavado de dinero, es prófugo de la justicia desde 2014. En 2010, Wikileaks reveló que el narcotráfico financia al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han asociado con los carteles de droga colombianos. La mitad de la coca que se produce en Perú se ubica en un territorio dominado por los remanentes del Sendero Luminoso, Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). El año pasado, el Gobierno de Estados Unidos ofreció US$15 millones a quien capture al dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado de encabezar un cartel de drogas junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y más.

Mientras los beneficios de producir y comerciar drogas superen los costos de hacerlo, existirán capos y carteles, y buscarán hacer alianzas con la poderosa clase política. Y mientras los gobernantes tengan la potestad para dispensar favores a grupos particulares, la posibilidad de que se corrompan permanecerá elevada.

Para efectuar cambios serios, América Latina tiene que rechazar la propuesta socialista y virar en dirección de regímenes abiertos, libres y transparentes.