“El nuevo Gobierno asumió el poder el 14 de enero de 2020 en un contexto difícil en materia de derechos humanos, con altos y persistentes niveles de desigualdad, discriminación, inseguridad e impunidad. El año 2019 estuvo marcado por retrocesos significativos y por acciones orientadas a obstaculizar el avance de los derechos humanos y el estado de derecho, y la lucha contra la corrupción y la impunidad. La situación ha seguido empujando a un gran número de guatemaltecas y guatemaltecos, incluidos niñas y niños no acompañados, a migrar”.

Así inicia la descripción del contexto que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace sobre Guatemala en su informe anual 2019. El documento de 28 páginas detalla la situación en cuatro grandes áreas: Espacio democrático, Justicia y lucha contra la impunidad, Desarrollo humano sostenible e inclusivo, e Igualdad y no discriminación. En todas salimos reprobados.

Y no es para menos. Durante 2019, las actuaciones del gobierno de Jimmy Morales, de la mayoría de diputados de la anterior legislatura —aunque la actual empezó temprano a hacer méritos para superarlos— y de casi la totalidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue deplorable. No lo dice el informe, lo digo yo, el país continuó en trapos de cucaracha.

Por supuesto que la responsabilidad no es exclusivamente suya, el siempre omnipresente y poderoso sector económico del país —con contadas excepciones— tiene mucho que ver en esta debacle. Y si a estos personajes les sumamos a los trasnochados y nostálgicos militares de la contrainsurgencia y a los de la economía emergente y criminal, con los que no tuvieron ningún empacho en aliarse, nos salta de inmediato que tanta calamidad responde a la agenda del pacto de corruptos que, lamentablemente, sigue gozando de muy buena salud.

El informe se puede consultar en la página www.oacnudh.org.gt, pero permítanme compartir algunos de los aspectos relevantes que muestran la dimensión y gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se dan permanentemente. Tierras, territorios y recursos naturales: “Guatemala continúa caracterizándose por una distribución extremadamente desigual de los recursos agrícolas, con una alta concentración de tierras cultivables en manos de pocas personas. Si bien los productores agrícolas clasificados como “comerciales” representan únicamente el 1,9% del total, ocupan el 65,44% de la superficie de la tierra cultivable del país. En cambio, los productores agrícolas clasificados como productores de subsistencia o de infrasubsistencia, que constituyen el 92% del total, ocupan solamente el 21,86% de la tierra cultivable”.

Pobreza y derecho a la vivienda: “A pesar de un crecimiento estimado del PIB del 3,3% en 2019, seis de cada 10 personas en Guatemala experimentan la pobreza multidimensional, que afecta, en su mayoría, a pueblos indígenas y comunidades rurales”.

Derechos a la alimentación y al agua: “Preocupa profundamente que, tras varios años de reducción de los casos de malnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 años, en 2019 se registrara un aumento del 22% respecto del 2018”. Y, por supuesto, quienes denuncian estas violaciones y luchan por sus derechos sufren todo tipo de agresiones. El año pasado hubo 359 ataques y 16 asesinatos —10 contra miembros de Codeca—. Además se continuó con el uso indebido del derecho penal para estigmatizar y criminalizar. Solo en contra de miembros del CUC y el CCDA se iniciaron 706 procesos judiciales. En 2019 proliferaron los mensajes para desacreditar a defensores y periodistas, emitidos por varias personas, desde el presidente de la República hasta los “trolls” en redes sociales, dice la Alta Comisionada. Lo más preocupante, eso lo digo yo, es que la tendencia continúa.