Una condena e intervención exterior en los asuntos internos del país se ha generado por culpa de acciones de leguleyos sin respaldo objetivo en sus denuncias sobre el proceso electoral. En un movimiento social donde participan millones de personas, es obvio que puede haber problemas en una decena de casos. Buscar la anulación de elecciones por esos pocos casos es un sinsentido.

Lo mismo ocurre con la cancelación pretendida del partido Movimiento Semilla. Un hecho ocurrido hace más de cuatro años, sin ninguna capacidad de ejecutoriarse. En efecto, han existido elecciones donde el partido ha sacado una votación que le otorga el derecho político de participar y representar a un grupo de ciudadanos que comparten sus puntos de vista. Ya se ha insistido en la razón de reconocer partidos sobre resultados, antes que por procedimientos administrativos sujetos a manipulación. Como se prueba en este caso, donde es evidente la maniobra insensata por parte de la Feci y otras secciones del Ministerio Público; aún en contra de la Ley electoral y de partidos políticos, que mantiene el criterio de soporte ciudadano electoral para reconocer a un partido.

Si se busca entender este desconcierto en la actuación de autoridades, donde colaboran sujetos conocidos por su militancia a favor de oscuros intereses, se debe señalar quiénes son los favorecidos o esperan conseguir alguna ganancia. La injerencia internacional se explica por el ansia no disimulada de facilitar préstamos para acabar con la salud macroeconómica. Se promueve un gobierno débil, obligado a lanzarse a los brazos de la banca mundial con sus intereses por encima del crecimiento económico del país. Sin presupuesto adecuado, al asumir el mando del Ejecutivo se verá en la necesidad de buscar fondos, por lo que las declaraciones de muchos países ricos se explican por crudos intereses financieros. Paradójicamente, son los desestabilizadores quienes llaman al rechazo del intervencionismo foráneo.

Las motivaciones de algunos fiscales, a los que probablemente se sumarán algunos jueces y magistrados, solo se explica porque esperan perpetuarse en el cargo. En instituciones cerradas, viven en un mundo aparte donde se generó una justificación absurda para romper la democracia. El resto de la sociedad observa una maniobra política muy arriesgada. Los fiscales, jueces y magistrados hacen un cálculo de permanencia en los cargos de administración de justicia de por vida. Recuérdese la campaña de opinión para magistraturas vitalicias habida en los círculos jurisprudenciales, provocadora en parte de pasada falta de renovación de la Corte Suprema.

También ganan los recalcitrantes, los conservadores derechistas del Congreso. De la misma manera, creen incrementar su influencia. Están seguros de mantener una oposición sin tregua en el próximo período constitucional. Según ellos, podrán ganar mayor consenso en futuras elecciones y conseguirán igualmente continuar enriqueciéndose con los negocios a costa del erario. Al centrarse la atención sobre la Fiscal General, se pierden de vista las mayorías instantáneas sucedidas en el Legislativo.

Finalmente, quien no aparece es el árbitro que podría ser convocado a arreglar la situación. Obviamente está en algún cargo con mando de alguna fuerza pública. Sin embargo, es muy difícil que sea llamado a ofrecer estabilidad y tranquilidad, pues el desorden todavía no ha crecido, ni mucho menos, adquirido matices violentos. Por lo tanto, parece que tendrá que esperar en su apuesta para ser llamado ante la ruina del país, para reinar sobre el desorden.