El Gobierno presta Q2,575 a pobres verapacenses para que renten parcelas. ¿A cuántos beneficiarios se les puede ofrecer ese regalo y cuál es la garantía para asegurar saldrán de la pobreza? La verdad: se trata de asegurar caciquismos locales, buenos para acarreo electoral. En Tucurú, se entregó Q1,000 para alimentos a 28 familias. ¡Acaso se derrotó al hambre! Más se gastó en la gasolina de los carros: presidencial, del MAGA, los autos de guardaespaldas y de los funcionarios locales, frente al monto entregado a los pocos socorridos escogidos.

Si estos alardes demagógicos son fáciles de desacreditar; el subsidio a la gasolina y diésel necesita un mejor examen. Los precios de esos combustibles no pararán de crecer por complicaciones políticas con los proveedores. El bloqueo al transporte de la producción canadiense a mercados en EUA, la difícil renovación de la producción venezolana en asociación con firmas británicas y texanas, la libre venta de petróleo por Irán y el aislamiento económico de Rusia por la guerra con Ucrania, complican todo. Los precios mantendrán un alza constante y con ello terminarán de afectar al transporte de todas las mercancías.

¿Vale la pena despojar al Estado de ingresos para quemar alegremente hidrocarburantes en transporte? En efecto, el trasiego de mercancías con bajo costo, ayuda a evitar un alza en la carestía de la vida. Pero, es inevitable en el mediano plazo y no se espera reemplazar a los combustibles fósiles, como la fuente principal para los vehículos, en el largo plazo. Por lo tanto, es mejor conseguir un ajuste, lo más pronto posible para fortalecer el desempeño económico, que despilfarrar recursos en una meta imposible. Es como sacar agua del mar para tirarla en la arena de la playa, creyendo se seca al océano.

Con datos de la SAT, antes de la pandemia circulaba un millón y medio de vehículos. Casi un millón son para uso particular. Estos números no muestran un aprovechamiento adecuado de estos medios, pues transportan en la mayor parte de viajes, a una persona. La calidad, cantidad y cobertura del transporte público es mala, escasa y limitada a unos pocos municipios. Aparte, eficiente pero peligroso, es el tránsito entre los autos y camiones, de más de un millón y medio de motocicletas, con fallecimiento promedio de un conductor por día.

El impuesto a la gasolina es de Q4.60, más diez centavos si es super. Al diésel es de Q1.30. No existe una parte del impuesto a alcoholes de consumo humano y vinos, destinado a la seguridad vial. La política económica gubernamental busca sacrificar ingresos, sin otra consideración. La imposición tributaria es baja si se relaciona con países europeos: No se calcula como porcentaje del precio de venta y es insuficiente, para impactar en el mantenimiento y ampliación de las vías de comunicación.

Pensar enredado casi siempre esconde intereses espurios, como en el caso del apoyo social supuestamente a los consumidores. En realidad, se favorece a los grandes monopolios de energía de gas e hidrocarburos, sacrificando impuestos. La merma tributaria es ocupada por el alza del valor del energético, a favor de los capitalistas. El consumidor no se percata del sacrificio en las finanzas públicas. Al no afectar la demanda, se consigue el beneplácito de la cadena de abastecedores. El modelo de consumo energético no se optimiza. Además, irresponsablemente, se amplía el presupuesto con la excusa de hacer espacio al subsidio. ¡Se esconde una baja en la recaudación y se anuncia un gasto mayor! La orientación económica del gobierno es el keynesianismo demagógico.