En nuestro país suceden hechos inauditos e infames provocados por la clase política en el ejercicio del poder que indignan, como el acoso de los diputados a la Procuraduría de los Derechos Humanos, y otros hechos más del llamado Pacto de Corruptos, que actúa con el beneplácito de las élites económicas depredadoras, como las llama acertadamente la administración Biden, y la complicidad del sistema de justicia, que día a día pierde credibilidad.

Suscribí el pronunciamiento en apoyo a esta Institución, publicado recientemente, junto a numerosas personas, entre ellos algunos obispos, sacerdotes y laicos; además, organizaciones, plataformas y sectores de la sociedad civil que han expresado su solidaridad al Lic. Jordán Rodas y a su equipo de trabajo, porque los diputados de la “alianza oficialista”, en contubernio con el gobierno de Giammattei, sistemáticamente vienen obstaculizando su trabajo y niegan el presupuesto que por ley le corresponde para cumplir con su función de velar, proteger y promover los derechos humanos de los ciudadanos.

Es obligación de los diputados cumplir lo ordenado por la anterior Corte de Constitucionalidad, que determinó trasladar inmediatamente los fondos a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, “incluyendo los recursos adicionales requeridos para saldar las remuneraciones pendientes de pago a su personal, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al vigente”.

Hasta el momento no lo han hecho; por tanto, los diputados están en flagrante incumplimiento con la ley “en los artículos 273, 274 y 275 de la Constitución Política de la República y el Título II de la Ley de La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, decreto del Congreso de la República número 54-86”.

Nos preguntamos por qué el Ministerio Público no actúa de oficio ante esta clara violación a la Constitución. De modo que el cien por ciento de cobertura es solo “para taparle el ojo al macho”.

La ciudadanía rechaza rotundamente “esta actitud irresponsable e ilegal” de los diputados, que vulnera los derechos fundamentales de la persona y de la sociedad guatemalteca, y no permite que la PDH ejecute “las atribuciones y objetivos que constitucionalmente le corresponden”.

Sirva la ocasión para manifestar el “apoyo, respaldo y reconocimiento al Procurador de los Derechos Humanos por los resultados hasta ahora alcanzados en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Es momento de exigir por todos los medios que cesen “todo tipo de ataques políticos en su contra, para que continúe realizando su labor como hasta ahora, tal como la ley establece, con absoluta independencia”.

Así como es grave esto, lo es también la ley que aprobaron en contra de las ONG, con la que pretenden los criminales en el poder contrarrestar el funcionamiento de las organizaciones sociales que desenmascaran su ineficacia, corrupción y autoritarismo. Atenta al derecho de libertad de expresión, asociación y participación. De igual modo es perversa la Ley de Contrataciones del Estado que acaban de modificar, porque abre la puerta para que desde las municipalidades se consolide la política de la corrupción.

Los diputados, una vez más, le fallan al país, mientras crece la indignación ciudadana hacia el gobierno de Giammattei.