Esa fue la pregunta que Dios le hizo a Caín y que quedó consignada en la Biblia cristiana ante aquel primer fratricidio documentado. Fue así como, desde las creencias del cristianismo y la mitología relacionada con el proceso de creación allí descrito, se puso en evidencia cómo la investigación criminal es consustancial a la conducta humana.

Sin importar cuáles son nuestras creencias, aquel relato tiene una connotación profunda en nuestro imaginario social occidental, y nos recuerda el fratricidio cometido por Caín contra su hermano Abel y el cuestionamiento de Dios ante el hecho. Aunque Caín mintiera y dijera: “No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?”, Dios le respondió: “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.” Sin duda, he aquí el primer planteamiento para la investigación criminal, fundamental para intentar controlar la criminalidad desde nuestros orígenes. Los relatos nos delatan.

En Guatemala, la principal instancia encargada de la investigación criminal es el Ministerio Público (MP), seguida por la Policía Nacional Civil (PNC). El MP es la entidad que, en teoría, se encarga de establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los mismos desde un objetivo claro: descubrir y comprobar científicamente al delito y al delincuente. Existen también áreas como el Derecho Penal y el Procesal Penal, y por ello es tan importante la relación entre el MP y las demás instancias de un sistema de justicia independiente y transparente, ya que el fin de todo es que el Estado administre cada vez mejor la justicia, tanto en la evaluación y tratamiento, como en la sanción de las conductas delictivas.

Sin embargo, para tratar de establecer una verdad, no se puede escoger a cualquiera. Se piden principalmente dos condiciones a quienes investigan y dictaminan sobre los hechos: capacidad profesional y solvencia moral. Ante la corrupción endémica que corroe al Estado guatemalteco y los altos niveles de violencia y saqueo que se viven dentro del país, el MP juega un papel estratégico fundamental. Y de poco serviría que, por ejemplo, se abrieran trescientas agencias del MP en todo el país, si la institución estuviera infiltrada por operadores del mismo crimen organizado y de la misma corrupción que tiene como mandato investigar.

Dentro del MP está la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), cuyo jefe, Juan Francisco Sandoval, es reconocido nacional e internacionalmente, por hacer bien el trabajo para el cual fue contratado: investigar hechos y casos de corrupción e impunidad. Entonces, ¿por qué la fiscal general insiste en investigarlo a él sin que haya argumentos de peso o causas razonables para ello? ¿Y cómo pudo la cabeza del MP no darse cuenta de que, para investigar al jefe de la Feci, había contratado a Karin Orellana, relacionada en una investigación de la misma Feci con José Luis Benito, ex ministro prófugo de James Morales, y afectivamente vinculada con Erasmo Martínez Díaz, presunto narco reclamado por Estados Unidos? No hay que olvidar lo dicho por Locard: “todo contacto deja rastro”.

¿Si no se hubiera detenido la contratación de Orellana, cómo habría podido darse una investigación objetiva y científica? ¿Quién o dónde se deduce la responsabilidad por contrataciones como esa? ¿Y por qué el jefe de la Feci acaba de volver a señalar que “por orden superior las denuncias en mi contra no se desestiman”?

Guatemala está secuestrada por la corrupción y el crimen organizado y nos falta mucho para ver nuestra casa limpia. Como dijo Enrico Ferri, la criminalidad ha seguido y sigue a la civilización, como la sombra al cuerpo. Pero va fortaleciéndose cada vez más el músculo ciudadano y la urgente necesidad de un país sin corrupción ni impunidad. El sueño por un país de verdad sigue vigente.