CABLE A TIERRA

¿Dónde está la ley de emergencia sancionada?

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La vida de la población guatemalteca sigue en riesgo por la pandemia, pero al presidente parece no importarle. Luego de dilatarse por semanas la toma de decisiones sobre un estado de calamidad, decide imponer uno y luego otro, y sufre sendos fracasos políticos en el Congreso. Parece que ahora “se venga”, posponiendo la sanción de la ley. Venganza que, nuevamente, lo que refleja es su absoluto desinterés por el bienestar de la gente, pues ese decreto permitiría no solo contar con recursos adicionales para enfrentar la crisis sanitaria, sino que, facilita, además, varios de los procesos administrativos que son necesarios para fortalecer la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud frente a la pandemia. Lo mismo hizo con la ley para la compra de vacuna el pasado enero. Ahora, se va de viaje sin sancionar antes la ley. ¡Ya raya en negligencia esta situación!

' Cada día que pasa sin que se sancione la ley, cuesta medio centenar de vidas.

Karin Slowing

Los que piensan que como ya superamos el pico de la actual ola pandémica, ya no hace falta la ley, deben recordar que la ley de emergencia, llega un año tarde; desde junio del 2020, pocos días después de que asumiera la ahora exministra Flores, se planteó públicamente que debería crearse un marco legal específico para la gestión de urgencia que iba a necesitar la pandemia. De hecho, la ley aun no sancionada es solo para tres meses, con posible extensión a seis, lo cual es un horizonte demasiado corto para la situación que vivimos. Desde ya deberían trabajar en una enmienda para, en su momento, adicionar un artículo que establezca su vigencia mientras dure la declaratoria internacional de pandemia por parte de OMS, o mientras haya evidencia científica independiente de que el país logró controlar la situación, alcanzar altos niveles de vacunación poblacional y establecido un sistema estable dentro del MSPAS para que tanto el testeo COVID-19, la vigilancia epidemiológica y la vacunación contra la COVID-19 pasen a ser parte del esquema regular de inmunizaciones del país, pues cada vez es más evidente que este virus vino para quedarse.

Es decir, a diferencia del desatino pronunciado hace unos días por el ministro de finanzas, respecto a que como hay donaciones ya no se necesita comprar más vacunas, entre los muchos retos que tiene el actual ministro de salud, está el de establecer un equipo técnico profesional de negociación de vacuna que esté permanentemente en ese proceso. Por ejemplo, ya debería estar negociándose la vacuna que necesitamos para la población de 12 a 17 años y diseñándose como superar en terreno los valladares de cadena de frío que implica manejar el tipo de vacuna autorizada para ser usadas en esta población. Sancionar ya la ley de emergencia sería lo mínimo de soporte que el presidente debería darle al nuevo ministro que le hizo el favor de aceptar el cargo, claro, si es que quiere que haga las cosas de mejor manera que su antecesora.

Que se haya superado el pico de la ola no es equivalente a que la ola haya terminado. El desescalamiento va lento y puede durar todavía varias semanas; está disfrazado, además, por las limitaciones agudizadas de testeo. Todavía está cobrando muchas vidas, justamente porque no se ha fortalecido la capacidad de respuesta institucional del MSPAS. Es más, el año pasado entre octubre y enero, el promedio de casos diarios se mantuvo en una meseta de alrededor de 600 diarios, lo que sirvió de base de contagio para la continuidad de la pandemia este año. Estamos ya a la puerta del 2022 y las perspectivas de salir de esta dinámica todavía son muy limitadas, si no se invierte en mejorar la gestión ministerial. Sancionar esa ley es una mínima parte de todo lo que aún hay que hacer para que se pueda implementar.

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