Esta frase pareciera retratar “en caricatura”, lo que los partidos políticos y la ciudadanía perciben de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, conocida como LEPP, una ley, que más que ley es un adefesio jurídico inconstitucional, injusto, arbitrario y por si fuera poco, cargada de linimentos de opacidad que hieden a politiquería marrullera.

Si le agregamos una desinformación absurda de lo que el TSE quiere que diga o no diga, —no hay certeza— sobre la metodología, los procesos de supervisión y control, la selección de los pocos medios de comunicación inscritos, la distribución por sorteo de las 12 vallas por partido; y lo más grave, la interpretación de los artículos 94 bis y 62, que se refieren a la no inscripción como candidato a quien haga campaña a título personal para cargos de elección popular, publicitando su imagen en los medios de comunicación antes de la convocatoria a elecciones, el resultado es este ambiente de tensión y frustración en el cual prevalece un ambiente hostil y desmotivante.

En la audiencia ante la Corte de Constitucional la semana pasada, Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara de Periodismo, declaró que estos artículos atentan contra la libertad y la libre emisión del pensamiento. “Se refieren a que cualquier persona que hace promoción de su imagen en medios de comunicación social, se puede entender que está teniendo fines electorales.

“El Tribunal Supremo Electoral no puede darse el lujo de, discrecionalmente, no inscribir a la persona que pudo no estar en política en ese momento, pero después puede interesarle optar a cargos públicos. Se trata de reivindicar el derecho a la libertad de expresión, la emisión del pensamiento, que son fundamentales porque infringen la Constitución y con dichos artículos el TSE invade lo que le corresponde al Congreso”, argumentó Fuentes Destarac.

Y es que esta ley parece una manguera con parches y hoyos haciendo agua por todos lados, porque también la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala, desde que fue aprobada la LEEP interpuso varios amparos ante la Corte de Constitucionalidad solicitando declarar inconstitucionales al menos siete artículos y cuatro del Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

Entre las arbitrariedades que Gabriel Orellana señaló, —quien actuó en representación de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, como otra entidad impugnante— es que la ley impone una veda informativa para los estudios de opinión y las encuestas para sondear la intención del voto, fijándolas como límite 15 días antes de los comicios, sin que se haya presentado motivo o razón justificable para tal efecto, cuando anteriormente podían ser publicadas hasta 36 horas antes.

La Cámara de Radiodifusión se unió a todo este intríngulis interponiendo una inconstitucionalidad sobre un artículo de la LEEP que determina pagar la pauta política a los medios al 20% de su costo… (¿?). ¿De dónde sacaron semejante cifra? La mayoría de los medios de comunicación decidieron no participar dejando un vacío para transmitir la propaganda. Esto no favorece a los partidos nuevos o a los que no son conocidos por la ciudadanía. No abona al proceso democrático.

Escribí hace unos meses que las reformas del 2016 fueron hechas a la carrera, motivadas por la comprobada corrupción. No hay crítica en tratar de corregir eso. Donde la hay es en no prever cómo funciona el sistema en el interior del país, en las dificultades para cumplirlas y en no tomar en cuenta las limitaciones burocráticas, el entendimiento de las logísticas del proselitismo propias de un partido político, y las enormes dificultades de poder cumplir debido, a las “lagunas” que han dejado.

Banana republic…