El Fondo Monetario Internacional ha advertido en una reciente actualización de sus proyecciones económicos que los riesgos para el crecimiento económico mundial están en aumento, provocados por tensiones comerciales —nuevas barreras, arancelarias y no arancelarias—, condiciones financieras más restrictivas, el cambio climático y el aumento de la desigualdad. Por su parte, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, delimita en ocho las amenazas que enfrentará en los próximos diez años la economía mundial, entre las que destacan el aumento de las disputas comerciales, las actuales tensiones geopolíticas, la desigualdad, el cambio climático, el continuado aumento de la deuda, pública y privada y, en algunos Estados, observa que el pobre desempeño económico junto a políticas públicas débiles, ponen en riesgo los avances sociales. Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense publicó en enero 2019, las proyecciones económicas de este país, cuyo escenario base estima un crecimiento real promedio de 2.1% en 2019 hasta 1.8% entre 2024 y 2029.
En síntesis, el bajo crecimiento global esperado no es una buena noticia para nadie, mucho menos para aquellos cuyos empleos, posibilidades de consumo y negocios dependen de lo que sucede en la economía internacional. Sin embargo, puede que la comprensión de este problema mayúsculo permita encontrar acuerdos políticos y sociales postergados, lo que será posible si los políticos, los empresarios, los trabajadores y las personas en general reconocen que la política económica y fiscal, en esencia, deben ejecutarse para elevar las condiciones de vida de todas las personas y generar un ambiente, material y objetivo, lo más óptimo posible para los empresarios y cooperativistas, pequeños, medianos o grandes.

Un plan para dotar de más vitalidad a la economía centroamericana en los próximos diez años debe contemplar por lo menos los siguientes elementos. Primero, aumento de la infraestructura económica —carreteras, mercados, electricidad, banda ancha— y social —escuelas, institutos, centros de salud, viviendas—, pues el sector construcción impulsa el resto de la economía, con efectos positivos en el corto, mediano y largo plazos. Segundo, impulso de sectores económicos claves como la industria, el transporte, el comercio, que pueden generar más empleo e inducir procesos de modernización productiva en toda la economía, incluida la agricultura. Tercero, el acceso de las personas a la educación formal y el conocimiento, sin hambre y sin violencia, universalizando coberturas de educación, capacitación, salud y protección social, lo que también impulsará un dinamismo económico en los territorios y dará certidumbre a los ciudadanos. Cuarto, un acuerdo fiscal con un horizonte de diez años para darle sustento a todo lo anterior. Este conlleva el cierre de espacios de corrupción, la publicidad sobre el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en función de su aporte al bienestar, al empleo y al crecimiento económico, así como la responsabilidad compartida de manera justa en cuanto al financiamiento de un plan económico y social: un acuerdo político para dotar a la administración pública de los recursos suficientes para que haga bien su trabajo.

El otro camino, el de continuar como hasta ahora, no solo generará más frustración e ingobernabilidad en los próximos diez años, sino que pondrá a los Estados centroamericanos en una ruta más rápida hacia la depauperación económica y la pérdida de los débiles cimientos políticos democráticos.