No estoy poniendo en duda que James Morales y su gobierno pasaron por el país como una tormenta tropical: destruyendo todo a su paso. Adelgazaron aún más la endeble institucionalidad estatal; vendieron a Guatemala como Tercer País Seguro; generaron más espacios para la consolidación de un narcoestado; devaluaron aún más la ya depreciadísima clase política; nos retrocedieron al menos tres décadas en materia de desarrollo social, económico, educativo y político (contando la política exterior); oxigenaron la remilitarización del Estado a solo 20 años de la firma de los acuerdos de paz; contravinieron sistemáticamente el mandato constitucional de preservar un Estado laico; dejaron arder a 56 adolescentes en un albergue de protección del Estado y le dieron la estocada final a la intención de librarnos de la práctica extendida de la corrupción, sacando a la Cicig.

Nos dejaron más pobres, más enfrentados, menos educados, más decepcionados, menos justos, más hambreados y más corruptos. Eso sí, ahora oramos más. Pero el bufón y su compañía no fueron los únicos que nos trajeron hasta acá; sucesivos gobiernos miopes, negligentes con la población y complacientes con sus patrones nacionales e internacionales se han encargado de tan titánica tarea. No es fácil ni espontáneo lograr este estado de cosas. Ser el país más desigual y desnutrido del continente no se hace en un solo gobierno; tampoco tener cifras tan vergonzosas en impunidad, violencias, empleo, salud, educación, recaudación fiscal o vivienda. Ante ello, nos preguntamos ¿quiénes son los que permanecen aunque los gobiernos cambien? ¿Hay grupos de poder que ponen y quitan presidentes en Guatemala y hasta definen lo que pasa en los tres órganos del Estado? ¿Hay un ADN político que nos define? Eso sería como reconocer que la sociedad no tiene la potestad de cambiar casi nada, como dice la frase anónima que ya usé antes, “lo que le sucede a Guatemala es que la solución está en manos del problema”.

Es muy pronto para analizar debidamente las acciones del nuevo gobierno. A manera de obertura, el discurso de toma de posesión de Giammattei fue emocional y prometió atajar la corrupción y sacudir al sistema desde sus bases. Pero hay que poner a caminar el discurso ante el agotamiento de la (con razón) incrédula ciudadanía. Quienes saben de política saben también que el primer año es fundamental para un gobierno; lo que no se hace entonces cuesta más hacerlo después. Hay acciones y señales que ya nos van dando algunas pistas.

Por un lado es esperanzador que ante la cantidad de plazas fantasmas el presidente haya pedido entregar ahora los cheques en persona, para corroborar que no se depositan en cuentas de quienes devengan dinero del Estado pero no trabajan para él. Si se tomara en serio la reforma al servicio civil sería un enorme paso para Guatemala y para su prestigio político. Buena señal. Por otro lado, es condenable la crítica pública de Giammattei a un periodista de este medio que hizo una serie de reportajes legítimos, bien fundamentados y correctos sobre el origen de los fondos de la campaña del ahora presidente, sobre la composición de su gabinete y la asesoría de gente de dudosa reputación que le rodea. Esto atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la información y, sobre todo, contra cualquier intención de construcción en democracia. Mala señal.

Giammattei anunció la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Buena intención, congruente con su discurso y nuestros anhelos. Pero, ¿cómo poner a una comisión presidencial a investigar el ejercicio del Ejecutivo? ¿cómo investigar sin el MP en ella? ¿cómo no permitir la auditoría ciudadana en ella? ¿cómo seguirle la huella al dinero de la corrupción sin una CGC? Una de cal y otras de arena. Buena señal es que miembros de la PNC destituidos por el anterior gobierno fueran reinstalados; mala señal que en lugar de fortalecer a la PNC quiera sacar a las calles a 1,500 militares más cada año, so pretexto de combatir a las pandillas, a las que con mucha ignorancia llama terroristas. Así hasta ahora.