A medida que pasa el tiempo, el autoritarismo y el abuso de poder vuelven por sus fueros. Solo de esa manera se puede entender la forma en que el presidente Alejandro Giammattei ha manejado aspectos que afectan la actividad partidaria y la salud sexual y reproductiva, entre otros. Se sabe que hubo intervencionismo gubernamental en la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de suspender toda actividad de las organizaciones políticas, so pretexto de evitar las aglomeraciones por el coronavirus. Sin embargo, el objetivo es intervenir en el conflicto interno que existe en la UNE. Otro tanto ocurrió con la hepática decisión del mandatario de prohibir que la organización Planned Parenthood Global se pudiera establecer en el país, pese a haber cumplido con los requisitos legales. ¿El presidente está por encima de las leyes del país? Ese hecho no solo vulneró el orden legal, sino que determinó la abrupta salida del ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas.

En una controversial decisión, el TSE decidió suspender las asambleas nacionales, departamentales y municipales supuestamente para evitar contagios de covid-19. En apariencia se trataría de una medida de salubridad, pero en el fondo es una abierta acción de intervencionismo en el conflicto interno que afronta la Unidad Nacional de la Esperanza. Desde que la fracción parlamentaria que controla Sandra Torres se convirtió en aliada del oficialista partido Vamos, todo ha sido miel sobre hojuelas entre ella y el presidente Giammattei. Por eso se sabe que entre los acuerdos por haber apoyado la reelección de la junta directiva del Congreso a Torres le permiten bloquear, por medio del TSE, la asamblea nacional de la UNE que podría ser desfavorable para ella. Los actuales magistrados del TSE se habrían plegado a los intereses de Giammattei y Torres, con lo cual han vulnerado la Constitución, que garantiza la actividad partidaria.

El otro somatón de mesa que ha dado el presidente Giammattei está relacionado con la vulneración del artículo 34 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libre asociación. En uno de sus ya habituales ataques hepáticos, el mandatario se transformó en un dictadorzuelo que se pasa por el arco del triunfo las leyes del país. García Rodas había autorizado el funcionamiento de Planned Parenthood, por medio de acuerdo ministerial 2312-2020. El gobernante dijo que le había sorprendido tal hecho y que de inmediato llamó a líderes religiosos para decir que no había sido decisión suya. ¿A cuenta de qué el presidente de un país tiene que dar cuentas a los ministros religiosos? ¿A cuenta de qué se identifica como pro vida, como si eso fuera parte de su mandato constitucional?

¿Sabe el presidente Giammattei que Planned Parenthood tiene más de una década de trabajar en el país? No, parece que no sabe que, debido a la ausencia del Estado en materia de salud en la mayor parte del territorio nacional, existen agrupaciones nacionales e internacionales que suplen esas carencias. Esa organización a la que ahora ha vilipendiado para quedar bien con las mentes obtusas conservadoras, mantiene un constante trabajo con agrupaciones en el área rural, en la cual da asistencia en materia de salud sexual y reproductiva. El decreto legislativo 87-2005 dio vida a la Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva. Pues bien, esa entidad internacional financia programas de ese tipo y lo ha hecho amparada en ese ordenamiento legal. Eso quiere decir que no hay tales de proteger la vida porque su gobierno tampoco garantiza esa asistencia de salud. Esa acción es populista y autoritaria y sirve para entender que el día de mañana cualquier organización que a él no le guste podría ser prohibida en el país. ¿Eso es democracia?