Las recientes revelaciones del periódico digital salvadoreño El Faro sobre los hechos de corrupción que vinculan al presidente Alejandro Giammattei permiten comprender por qué la fiscal general, Consuelo Porras, emprendió una persecución contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval y la jueza de Mayor Riesgo Érika Aifán. Sandoval investigó los hechos en los cuales estaría implicado Giammattei, y Aifán lleva el caso. La razón es muy clara: evitar a toda costa que se articule la investigación penal contra el mandatario, debido a que estaría embarrado en el caso de las maletas con dinero procedente de sobornos. Giammattei no es ningún neófito en las artes de la corrupción, ya que durante más de dos décadas ha formado parte de la cleptocracia más rancia del país. Ahora que está en el poder ejerce presión para profundizar la cacería contra quienes pudieran investigarlo.

El 14 de octubre del 2020, en un operativo dirigido por Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), fueron localizadas, en un condominio antigüeño, 22 maletas que contenían Q122 millones. Todos los indicios apuntaban al exministro de Comunicaciones José Luis Benito, quien se dio a la fuga. A partir de entonces, la fiscal Porras, muy cercana al presidente Giammattei, comenzó una actitud hostil contra Sandoval, que la llevaría a despedirlo en julio del 2021 e impulsar acciones espurias para ordenar su captura. Desde el momento del hallazgo de las maletas, en el medio político era un secreto a voces que ese dinero estaba destinado al financiamiento de la campaña presidencial de Giammattei, en la segunda vuelta electoral. El presidente movió sus piezas en el Ministerio Público. La colocación al frente de la Feci de Rafael Curruchiche, incondicional a Porras, los cambios de personal en esa fiscalía y la entrega de Benito a la justicia, tenían el objetivo de desviar la investigación lo más lejos posible de Giammattei.

Lo que no contaban el presidente y la fiscal general era que El Faro, uno de los medios con más prestigio en el continente, lanzara una bomba periodística. De esa forma salieron a luz las declaraciones de un testigo protegido que se refiere a la negociación entre Giorgio Bruni, secretario general del partido Vamos, y Benito, para que este diera Q20 millones a la campaña electoral de Giammattei en el 2019, a cambio de permanecer un año más en el Ministerio de Comunicaciones para administrar los sobornos. El testigo afirma que las negociaciones telefónicas se dieron en presencia de Raúl Romero, actual ministro de Desarrollo, y Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno. De inmediato, la fiscal general y el monopolio de Ángel González buscaron reparar los daños. Porras envió al fiscal Curruchiche a presentar una denuncia por la filtración del audio del testigo, mientras que Radio Sonora montó una entrevista con una persona que dijo ser el testigo protegido. Hechos truculentos y vergonzosos.

En el reino de la impunidad que impera en Guatemala lo más probable es que no pase nada. Sin embargo, la investigación del medio salvadoreño, que tuvo fuertes repercusiones a nivel internacional, ha dañado irreparablemente la ya desgastada imagen de Giammattei. Pese a que el mandatario se siente seguro porque ha logrado poner a su servicio a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General, la divulgación de estos hechos lo desenmascara como lo que es: un político marrullero y corrupto que en cuestión de dos años ha hundido al país en uno de los períodos de mayor impunidad de su historia. Claro está, Giammattei cuenta con el silencio cómplice de la “oposición política” y del Cacif, quienes se benefician de los negocios oscuros y el saqueo de los recursos del Estado.