CIVITAS

El costo de la información en estas elecciones

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Uno de los principales retos que afrontamos, la ciudadanía, en estas elecciones es la navegación entre la información para tomar una decisión informada. Las nuevas tecnologías brindan avances en términos de conocimiento, inmediatez y conectividad entre usuarios. Sin embargo, el exceso de información también es un reto a superar en estas elecciones.

' La sobresaturación de información puede ocasionar efectos negativos para el proceso democrático.

José Echeverría

En las elecciones del año 2023 tendremos aproximadamente 38,000 candidatos. El ciudadano que desee emitir un voto responsable e informado deberá navegar entre una gran cantidad de información para conocer cuál es el candidato que más le represente y atienda de mejor manera sus necesidades. Esto representa un gran costo de tiempo para el ciudadano, además de la dificultad de encontrar toda la información, ya que habrá muchos candidatos.

El sistema político del país enfrenta dificultades debido a las regulaciones restrictivas que tienden a favorecer a los candidatos más conocidos o que han ocupados puestos oficiales en el Estado en relación con los actores nuevos. Recientemente, desde el proceso electoral anterior, la sociedad ha discutido la necesidad de una reforma electoral e incluso se plantearon acciones de inconstitucionalidad en contra de artículos que podrían reñir en contra de la libertad de expresión y participación. Sin embargo, tanto el Congreso como la Corte de Constitucionalidad decidieron dejar de un lado esta importante discusión y, ahora, a la ciudadanía le toca asumir el proceso electoral de una forma restrictiva, con poca información disponible y limitaciones a la libertad de expresión.

La sobresaturación de información puede ocasionar efectos negativos para el proceso democrático. Esta puede aumentar la apatía y el hartazgo hacia el proceso electoral en sí debido a que los ciudadanos se sienten abrumados por el alto costo que implica investigar a cada candidato que existe. Esto también conlleva otro efecto negativo, ya que a medida que el ciudadano es apático para informarse sobre los candidatos acepta, cada vez más, que sean los mismos candidatos quienes informen sobre quienes son ellos.

El hecho de que sean los candidatos una de las principales fuentes de información del debate público y político causa una división, que aumenta cada vez más, entre lo que el ciudadano desea conocer y lo que el candidato ofrece en su campaña política. Quedando así en segundo plano las necesidades y aspiraciones del ciudadano y se coloca como discurso preponderante las aspiraciones y sueños del candidato —en vez de las del ciudadano—.

En una encuesta regional reciente se resalta que Guatemala es uno de los países en donde hay una menor convicción con la “democracia” en comparación con otros países, se señala que aproximadamente 4 de cada 10 considera que la democracia es preferible. Si bien existen teorías políticas sobre la importancia de la democracia para la alternabilidad de poder en una República, no es sorpresivo dicha apreciación en Guatemala, debido a la rigidez de la participación y libertad de expresión que se limitan con las normas del sistema electoral y político.

Cada proceso electoral debiera de suponer un avance para alcanzar el fin último de una República democrática y representativa en donde los derechos individuales, respeto a la ley y el poder limitado este garantizado. Teniendo las reglas que tenemos hoy en día vigentes en la ley electoral y de partidos políticos la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil debemos de enfocarnos en presentar herramientas, soluciones y avances dentro del sistema actual. Reducir los costos de información para conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus ofrecimientos es un punto básico que como sociedad debiésemos trabajar para alcanzarlo en este proceso electoral.

ESCRITO POR:

José Echeverría

Abogado, asesor, presidente del Movimiento Cívico Nacional y participa en foros tanques de pensamiento internacionales en recomendación de políticas relacionadas con el fortalecimiento institucional.