“El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica”, dice la Constitución.

El Fiscal General de la República es el Jefe del Ministerio Público. El viernes pasado, Consuelo Porras decidió cesar en sus funciones a Juan Francisco Sandoval, quien dirigía la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). En febrero de este año, Sandoval era merecedor de los elogios de su jefa al haber obtenido un premio anticorrupción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Algo sucedió para que doña Consuelo Porras se viera obligada a tomar la decisión. Además, es curioso que la funcionaria armó romería solo a medios nacionales para explicar motivos, más allá de los vertidos en el acuerdo de destitución. Por su parte, el exfiscal Sandoval ha otorgado sendas entrevistas a medios nacionales e internacionales.

El objeto de estas líneas es abordar el escenario desde la legalidad, porque hay intereses para azuzar la emotividad y callar la razón.

Las únicas razones para ser analizadas para la destitución de Juan Francisco Sandoval son las que constan en el oficio de fecha 23 de julio de este año, en el cual se transcribió el acuerdo 2157-2021 de la misma fecha. El primer motivo es que Sandoval presentó objeción a una instrucción del Despacho, pero la objeción es un procedimiento relativamente normal, y si la fiscal general lo considera acertado, la confiere, y al contrario, si la considera inoportuna, la rechaza, de acuerdo con la ley no es motivo de destitución; si lo fuera, todos los fiscales están condicionados. Luego, en el acuerdo se utiliza terminología propia del derecho de trabajo para calificar el cargo de fiscal como puesto de confianza. Luego de citar el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el acuerdo dice (se) “…faculta al Ministerio Público para destituir trabajadores sin responsabilidad de su parte, siempre que sea comprobada la causal, que entre otras se refiere a cuando el trabajador se niegue a acatar las normas o instrucciones que el Ministerio Público o su representante le indiquen…”

La causal de despido solo se puede comprobar tras un procedimiento administrativo en donde el fiscal Sandoval debió haber tenido chance de defensa, lo cual no ocurrió. Destituir sin las mínimas garantías del elemental debido proceso es un acto arbitrario y, en consecuencia, nulo. Cualquier estudiante de segundo año de Derecho lo sabe. Si este antecedente queda impune, mañana doña Consuelo Porras podría destituir, sin audiencia previa, a quien se le dé la gana, y así aquello de la carrera fiscal es cuento chino. El silencio cómplice del sindicato llama la atención porque acá de un plumazo se acabó cualquier atisbo de estabilidad laboral y cualquier labor institucional.

La fiscal general, con tal de defenderse, dice que el fiscal Sandoval llevaba a cabo una justicia selectiva y con tintes políticos. Absurdo comentario porque fue su jefa tres años y, además, es el mejor de los estímulos para los defensores de tantos procesados por la Feci por robar a la salud, a la seguridad o a Amatitlán, entre otros, y lograr puntos en sus procesos para concretar impunidad.

Las causas de destitución son solo las que están en el Acuerdo, lo que diga la fiscal general fuera de ese documento es política y relaciones públicas. Desde el despacho de Porras se acabó con la posibilidad de lograr una institución seria. El daño no fue a Sandoval, fue a todos los fiscales, a la carrera fiscal y al país.