El discurso del presidente Alejandro Giammattei del miércoles pasado fue positivo. Se ubicó en la línea de la unidad nacional y se observó su preocupación por la salud de los guatemaltecos. Fue contundente en que las medidas de distanciamiento social son para preservar la vida, porque sin esta no hay economía. Dijo que si se levantaran las restricciones el país podría alcanzar los 300 mil contagios y más de 17 mil muertos por covid-19, algo en lo cual coinciden los especialistas médicos. Ese mensaje lo empodera con el liderazgo que necesita la población, ya que se sobreentiende que existen presiones de grupos a los que solo les interesa el dinero. Ahora bien, ese discurso debe ser coherente en todo momento, ya que en los días anteriores Giammattei había estado dando señales negativas, incluso restringiendo información. Su equipo de asesores debe entender que no solo se trata de que aparezca el mandatario frente a las cámaras, sino que debe impulsarse una estrategia definida de comunicación política que no puede estar sujeta a estados de ánimo.

Esa coherencia en el discurso debe demostrarse en la práctica. Desde el 3 de abril, el Congreso aprobó el decreto 15-2020, que prohíbe el corte de servicios básicos como agua, electricidad, teléfono, cable e internet, ya sean públicos o privados, cuya aplicación estará vigente durante el estado de Calamidad. Sin embargo, esta normativa está pendiente de sanción presidencial y de su publicación en el diario oficial, con lo cual la población vulnerable no está protegida. Se sabe de múltiples casos de usuarios a quienes les han cortado estos servicios básicos, por lo que ese “olvido” del gobernante va en la vía contraria. Lo mismo ocurre con la falta de servicios que padecen vecinos en las áreas periféricas de la capital y en los departamentos. No es posible que las municipalidades no tomen conciencia de la gravedad que significa no contar con este líquido en una época en que se ha vuelto cantaleta la necesidad de lavarse las manos, pero ¿con qué agua?

También se ve venir un serio problema con el manejo por parte de las municipalidades del otorgamiento de ayuda económica. Primero, porque el bono de la economía informal se puede prestar para el clientelismo, el favoritismo y la apropiación de fondos por parte de familiares y amigos de los funcionarios ediles. Segundo, porque la disposición de que solo se entregará el aporte a los vendedores que están registrados en las comunas no es lo más acertado. Miles de personas se dedican a vender productos de todo tipo en las calles y alrededor de los mercados, sin que estén registradas. A veces sus ingresos son tan magros que no pueden darse el lujo de pagar por un espacio en los mercados. Véase también el caso de lustradores, vendedores de helados, granizadas y frutas, lavadores de vehículos, vendedores de objetos en los semáforos, etc. Ellos no cuentan en los listados oficiales y se cometerá una justicia al no tomarlos en cuenta.

La última reflexión la quiero hacer sobre la nefasta actitud de los cocodes y un grupo de vecinos de Quetzaltenango contra los migrantes deportados que estaban albergados en el Centro Recreativo Atanasio Tzul. Cómo es posible que esta gente ingrata pretendiera quemar las instalaciones, so pretexto de que los migrantes los podían infectar con el coronavirus. Es una insensatez y una falta total de apoyo para quienes han sido humillados con el retorno forzoso cuando su único delito fue buscar una mejor vida en Estados Unidos y aportar a la economía del país. Tan importante es exigir a las autoridades apoyo para los sectores vulnerables como a la ciudadanía ser solidaria con nuestros connacionales retornados. Lejos del rechazo, ellos merecen nuestra hospitalidad.