La impunidad es un resorte central del poder, es su lado oscuro. La impunidad se sustenta en el ocultamiento y en la mentira. Es la ausencia de justicia, pero por encima de todo, implica la limitación de la democracia y de la libertad.

Cuanto más impunidad tienen los poderosos, menos libres somos y menos democracia tenemos, porque la impunidad garantiza el ejercicio abusivo del poder, sin consecuencias.
Durante décadas, en nuestro país la impunidad fue una constante. Se levantó como un muro sólido e impenetrable, que no admitía fisuras. Con enormes dificultades y carencias hemos abierto grietas en ese muro de la impunidad. Se avanzó en el camino de la justicia de transición, con las condenas a algunos de los responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos y, algunos años después, con las investigaciones y procesos penales por casos de corrupción contra personajes que hasta entonces habían sido intocables.

Y ocurre que cuando el poder, el real, el de siempre, se siente cuestionado y “atacado”, aunque sea en una pequeña porción, reacciona desplegando toda su fuerza y busca recomponerla. Es el efecto del bumerang. Así lo demuestra la historia de Guatemala, de América Latina y del mundo. El contrataque del poder es brutal y puede suponer décadas de retroceso. Eso, y no otra cosa, es lo que quieren conseguir los poderosos con esta regresión autoritaria.

Ahí tienen ustedes la propuesta de reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, que ya fue aprobada en primera lectura en el Congreso. Esta amnistía generalizada que pretenden impulsar —sin importarles un ápice la gravedad de los delitos que se cometieron— es una muestra explícita de hasta dónde están dispuestos a llegar. Ya no solamente se trata de frenar las investigaciones y los procesos penales por casos de corrupción, lo que buscan es la impunidad en todos los terrenos.

Estas reformas suponen un retroceso extremo en el ámbito de la verdad y la justicia. Pretender disfrazar de delitos comunes y políticos la tortura, la violencia sexual, las masacres y el genocidio. Buscan decretar la libertad exprés (en 24 horas) de quienes ya fueron juzgados y condenados por los peores crímenes que se han cometido en la historia de nuestro país y clausurar las investigaciones y procesos judiciales que están en marcha.
Estas reformas son a la vez un golpe a la democracia y una afrenta a las víctimas y sobrevivientes, violan la Constitución y los tratados internacionales que Guatemala ha firmado en materia de derechos humanos. Pero nada de eso parece importarles.

No es casualidad que haya personas señaladas en los juicios por delitos de lesa humanidad que están también involucradas en los casos de gran corrupción. Muchos de quienes hoy forman parte de las redes político-económicas ilícitas (RPEI) estuvieron también involucrados en los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) conformados durante la guerra. Al final de cuentas, y perdonen ustedes la insistencia, la impunidad del pasado es la impunidad del presente y condiciona el futuro.

Tras la amnistía para los delincuentes de lesa humanidad pretenden también otorgar la amnistía para los corruptos. Su intención es vaciar el Mariscal Zavala y sus anexos. Quieren continuar y ampliar la purga que ya iniciaron contra todos aquellos que osaron desafiar su poder. Esos son sus objetivos.

Pero las y los guatemaltecos democráticos no podemos rendirnos. Es nuestra obligación ética detener el contrataque autoritario del lado oscuro del poder y hacerlo en unidad desde la diversidad.