Como he sostenido en otras ocasiones, creo que desde la era de la “Alianza para el Progreso” del presidente Kennedy se consolidó la creencia de que el Gobierno tiene en sus manos acelerar el desarrollo económico. El modelo es uno en el que, a ciertos equipos técnicos —los tecnócratas— se les dan ciertas facultades legales y ciertos recursos financieros para resolver diversas problemáticas sociales. La idea es que, tratándose de expertos y contando con las facultades legales necesarias, pueden formular las políticas públicas y organizar las cosas de tal manera que sí funcionen.

¿Es válido ese modelo “desarrollista”? La respuesta, creo yo, es el típico “depende”. En países como Guatemala hay ciertas dinámicas sociales que, ni ocurren en el ámbito de un mercado ni existen las condiciones necesarias como para que surja. Así, por ejemplo, puede que no haya derechos de propiedad definidos respecto del bien o servicio que se quisiera desarrollar, con lo cual es imposible que se den transacciones de mercado. Supóngase un caso frecuente en Guatemala: asentamientos humanos que vivan en tierras ocupadas ilegalmente décadas atrás, propiedad del Estado o de terceros. ¿Qué hacer? Siendo casi imposible que surja un mercado espontáneamente, es concebible que un órgano o entidad del Estado pueda tomar las medidas necesarias para que se definan derechos de propiedad, para que se asignen pacíficamente (indemnizando a quien corresponda) y para que se genere información básica sobre los precios que se vayan pactando.

Empero, cuando ya existe un mercado funcionando, cuando sus principales elementos ya están presentes, el Gobierno sólo puede ayudar de otra manera. En una situación tal, de los órganos de gobierno se requiere la garantía y protección de los derechos existentes y que los jueces hagan valer las promesas hechas por los que operan en el mercado por medio de los contratos que celebran. En otras palabras, cuando ya opera un mercado, el mejor modo de “acelerar” el desarrollo es protegiendo los derechos de los que ahí realizan sus negocios, reduciendo todo lo posible los llamados “costes de transacción” (de negociación, de información y de hacer valer los derechos) y garantizando la libertad de comercio.

Por consiguiente, el enfoque del éxito para la Administración Giammattei-Castillo está en sustentar con seguridad jurídica de los derechos de propiedad, en garantizar la libertad de comercio y reducir los costes de transacción y, donde no existan las condiciones para que surjan mercados eficientes o se desarrollen adecuadamente, procurar generarlas.

Uno de los mercados más importantes es el de los servicios personales. El mercado laboral en Guatemala es un fenómeno mayoritariamente informal. Bajo la legislación e instituciones formales, no se realiza ni el veinte por ciento de ese tipo de servicios. La razón está en el régimen jurídico-económico del mercado laboral. El derecho del trabajo en Guatemala es, verdaderamente, un lastre, un obstáculo para el desarrollo, una rémora para todos. Principalmente, para los más pobres. Tanto por la forma como se regulan el salario mínimo y el derecho de huelga, la economía de Guatemala está condenada a la informalidad económica y, peor aún, a que los sindicatos pacten con los políticos el voto disciplinado de sus bases a cambio de acordar todavía más aumentos. Esta situación, como la informalidad económica gigantesca lo evidencia, es insostenible.