Estábamos el miércoles pasado en plena presentación y comentario del libro de Félix Alvarado Ensayos desde un Estado Perverso cuando llegó la noticia de que la Corte de la Suprema Injusticia había dado trámite a la solicitud de antejuicio contra el distinguido juez Miguel Ángel Gálvez. El juez Gálvez es un ciudadano intachable, con distinguida carrera en el Organismo Judicial, porque ha actuado siempre apegado a la ley, y ha permanecido alejado de las intrigas de la Corte, priorizando su vital labor como juzgador y procurador de justicia. Es por estas razones justamente que le han asignado casos muy difíciles como los que tocan las llagas todavía calientes que dejó la guerra que libró el Estado de Guatemala contra su propia población, dejando miles de asesinados, miles de desaparecidos y miles de sobrevivientes que aún claman por justicia por tanta atrocidad cometida.

La medida tomada por la CSJ contra el juez Gálvez es un ejemplo que ilustra a cabalidad lo que Alvarado señala en su libro al definir a ese Estado Perverso en acción: es un Estado que emplea con malicia intencionada los recursos e instrumentos que posee, que fueron diseñados originalmente para administrar justicia y procurar el bienestar. En abierto trastoque de su finalidad, definida todavía formalmente en la Constitución Política de la República, el Estado Perverso, por intermedio de sus operadores públicos y privados, coludidos en una Alianza Criminal, aplican esos recursos que controlan ilegal e ilegítimamente en contra de la propia población, trastocando así la finalidad de la justicia para provocar daño intencionado a personas decentes, profesionales honorables que, como el juez Gálvez y tantos otros, han sido atacados.

Es ya demasiado larga la lista de casos de violencia judicial que se está imponiendo en el país por parte del Pacto de Corruptos y que terminará por destruir lo que queda del Estado que se intentó construir a partir de 1985; un Estado con el que se intentó desandar las huellas de la perversidad previa que significó la guerra interna de 36 años.
Pues sí, tristemente, acá la perversidad del Estado ha sido recurrente a lo largo de la historia del país, porque lo que ha imperado es el interés particular de un pequeño grupo de gente. Ahora, claro, este pequeño grupo se ha visto obligado a abrir su tenaza con la que ha tenido el Estado capturado, para trenzarse con otra sarta de impresentables, y entre todos están hundiendo lo que queda del país. Literalmente, además, como lo estamos viviendo en estos días, con hundimientos, deslaves y destrucción de infraestructura degradada, no tanto por la naturaleza, como por la corrupción sistémica.

La democracia es una oportunidad para romper con esta viciosa historia que nos marca, y la justicia, uno de los múltiples mecanismos que podían permitir traer a Guatemala al siglo XXI y procurar su desarrollo y el bienestar de su población, liberando al Estado de sus captores, no para sustituirlos por otros, sino para establecer un sano balance que permita avanzar. Contar con un Estado de derecho con leyes y reglas claras para todos es fundamental y es la manera civilizada para arbitrar entre los ciudadanos. Pero cuando la prosperidad de unos se construye a partir del control del Estado, y la expoliación de los demás, pues la democracia no gusta, y menos, la justicia. Esta es la base de la crisis civilizatoria que enfrenta la humanidad actualmente: los que tienen poder y riqueza se niegan a someterse a las leyes que aplican a todos los demás. Por eso están degradando el sistema de justicia hasta convertirlo en un mero instrumento de vendetta y de destrucción. Para imponer la tiranía.