Violencia, represión y criminalización. Estas son las respuestas que los sucesivos gobiernos han dado a las comunidades q’eqchi’ de El Estor, Izabal. A lo largo de la última década, varios líderes y lideresas fueron asesinados y decenas más encarcelados por delitos que no cometieron, en una estrategia que pretende terminar con el legítimo movimiento de resistencia en defensa del agua y sus recursos naturales.

El proyecto de explotación minera de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) ha traído para las comunidades la violación permanente de sus derechos. Recordamos, además, con indignación, que ahí ocurrió la muerte —en circunstancias no aclaradas— de tres estudiantes de la UVG: Nahomi, Juan Carlos y Ángel, cuyas familias siguen exigiendo justicia.

En febrero de 2021, luego de un largo proceso y un sinfín de reveses, el Ministerio de Energía y Minas cumplió con una resolución de la CC que suspendió provisionalmente la licencia del proyecto minero, por no haber realizado la consulta libre, previa e informada. No obstante, las comunidades denunciaron que la empresa sigue operando ilegalmente con la complicidad de las autoridades locales y del Gobierno, y que han sido marginados del proceso de preparación de la consulta.

Frente a la violación de esa resolución y la impunidad con la que actúa la empresa, la población se organizó para impedir el ingreso y la salida de camiones del proyecto minero. El resto de vehículos livianos y pesados siguieron circulando sin tropiezos. Nunca bloqueamos la libre circulación de vehículos. Estuvimos a la orilla de la carretera y solo impedimos el paso de los camiones de la empresa, afirmaron. (Prensa Comunitaria, 23/10/21).

Pero el Gobierno, para proteger los intereses de la minera, decidió agredir al pueblo q’eqchi’ y ser cómplice de la violación reiterada a la resolución del tribunal constitucional, que le prohíbe operar. En un desalojo violento, con uso de fuerza desproporcionado, policías antimotines y militares la emprendieron contra el movimiento de resistencia. Siguiendo el patrón autoritario que les caracteriza, Alejandro Giammattei y sus ministros decretaron un estado de Excepción que restringe los derechos constitucionales de libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, reunión y manifestación, e impusieron un toque de queda entre las 18 horas y las 6 de la mañana, medidas a todas luces extremas que solo buscan asegurar que la minera siga operando.

Desde la tarde del sábado 23/10, unos 500 soldados y más de 350 policías abrían paso y custodiaban los camiones de la empresa. El domingo, utilizando incluso vehículos blindados y artillados, se desplegaron en el municipio de El Estor y unos minutos antes de que iniciara el toque de queda allanaron varias viviendas y las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a y la Defensoría q’eqchi’. La emisora estuvo informando sobre las denuncias de las comunidades en resistencia y documentando la represión contra la población. Durante el desalojo, además de la represión contra las y los pobladores, varios periodistas de medios locales, comunitarios y digitales fueron agredidos y también les destruyeron sus equipos, porque en este país se castiga el periodismo independiente.

La resistencia de las y los comunitarios de El Estor es legal y es legítima. Sin embargo, el Gobierno y sus aliados del pacto de corrupción e impunidad les reprimen porque sus intereses y negocios coinciden. No en vano la visita de los empresarios rusos y la denuncia de la alfombra mágica que el MP de Consuelo Porras se niega a investigar. Basta ya de utilizar al ejército y a la policía como grupo de choque de la empresa minera. Solidaridad y apoyo a las comunidades q’eqchi’s de El Estor, ejemplo de resistencia y enorme dignidad.