El exministro de Gobernación Enrique Degenhart fue el responsable de firmar en la Oficina Oval, de la Casa Blanca, el infame acuerdo de Tercer País Seguro. Hasta el último día, el expresidente Jimmy Morales negó que ese haya sido el contenido del documento suscrito, pero del cual jamás dio a conocer de qué se trataba. Eran los tiempos en que al nefasto comediante no le importaba qué debía hacer para complacer a Donald Trump, con tal de sacar del país a la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig). Como tampoco le importaron las crueles condiciones en que la administración de Trump mantuvo a niños guatemaltecos migrantes en la zona fronteriza sur. Encerrados, con frío, hambrientos y en condiciones insalubres, los menores migrantes jamás recibieron atención de Jimmy Morales. El exmandatario mantuvo la boca cerrada para no irritar a Trump, quien le tendía en bandeja de plata la continuación del reino de la corrupción en Guatemala.

A tal grado llegó el servilismo del gobierno de Jimmy Morales que, en el marco de ese acuerdo, propuso enviar a los migrantes centroamericanos a Petén. Eso hubiera implicado que los vuelos con deportados no arribaran al aeropuerto La Aurora, sino al aeropuerto Mundo Maya, donde no había ninguna instalación especial para recibir a los expulsados del territorio norteamericano, ni quién los atendiera. En su momento, el diario The Washington Post reveló que tal ofrecimiento causó “consternación” en los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos porque eso significaba enviar a los migrantes a la selva. Tanto dentro como fuera de Guatemala se calificó tal convenio como ilegal y racista porque pasaba por alto las regulaciones del asilo estadounidense y aplicaba solo a migrantes de Honduras y El Salvador. ¿Era realmente Guatemala un país seguro? No, la administración de Trump odiaba a los migrantes provenientes de los shithole y los enviaba a un país violento y que, lejos de poder acoger migrantes, ha sido y es productor masivo de migrantes.

La aplicación del acuerdo de Tercer País Seguro en Guatemala fue una total farsa. Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 fueron deportados de Estados Unidos, bajo el referido convenio, 579 hondureños y 360 salvadoreños, muchos de ellos menores de edad. Esos migrantes expulsados estaban unas 72 horas en Guatemala y luego eran conminados a retornar a sus países de origen, pese a que muchos de ellos habían solicitado asilo al momento de arribar a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Nunca hubo intención de ayudarlos, sino de deshacerse de ellos. Esa era la política inhumana del gobierno de Jimmy Morales, que se alegraba del aumento de las remesas que envían los migrantes, pero para quienes nunca levantó un dedo en su favor. Fue un presidente fantoche que le besaba las botas a los poderosos, mientras hacía negocios con las mafias.

El fin de semana pasado, el secretario de Estado, Antony Blinken, informó que el presidente Joe Biden suspendió de forma inmediata el Acuerdo de Cooperación de Asilo o de Tercer País Seguro. En palabras del propio presidente Biden, esa medida va en la dirección de “deshacer la vergüenza moral y nacional de la administración anterior” porque en materia migratoria también condujo “a arrancar a los niños de los brazos de sus familias”. Esa fue una medida acertada del nuevo gobierno estadounidense. Tal acuerdo era violatorio del derecho de ese país, así como del derecho internacional, porque nunca tuvo la intención de brindar protección a quienes demandan asilo. Sobre todo, porque la migración no se detiene con medidas represivas ni con acuerdos brutales, sino con políticas de desarrollo que permitan que el trabajo y el bienestar llegue a las poblaciones más marginadas del país.