En estos tiempos de agitación política, nos encontramos en una encrucijada tan enmarañada y compleja que se hace difícil levantar la mirada de abajo del bosque y posarla sobre el horizonte de la realidad.

Hay que tener presente, y no olvidarlo, que la encrucijada actual no es un accidente, sino el producto de una corrupción desenfrenada, que ha sido tejida en el manto de nuestra política por este gobierno y otras administraciones corruptas del pasado. Las repercusiones de esta corrupción son vastas, afectando cada rincón de la vida pública, dejando una presa de necesidades no atendidas en educación, salud e infraestructura, y creando un ambiente inhóspito para la inversión y la generación de empleo.

Esa es la factura que estamos pagando. Esa es la razón del voto ganador antisistema. Ese es el hartazgo de los guatemaltecos y la razón de que un 17.4% de los votos, casi un millón, se anularon en la primera vuelta electoral. Esta cifra no solo revela un descontento pasajero, sino un rechazo al sistema político por haber dejado de servir a sus ciudadanos. En la segunda vuelta, ese descontento se decantó en un mandato para el cambio, un repudio alto y claro a la corrupción endémica de la clase política.

El problema que enfrentamos es sistémico, arraigado en una política clientelar que ha persistido desde la era colonial y que se ha convertido en un monopolio del poder que obstaculiza cualquier esfuerzo por una reforma estructural. Las leyes y regulaciones diseñadas para mejorar y transparentar la administración pública han sido bloqueadas desde siempre por un Congreso que, con honrosas excepciones, ha mostrado una resistencia vergonzosa a cualquier cambio.

La Ley de Compras y Contrataciones, una crucial reforma, continúa bloqueada en el laberinto parlamentario. Su aprobación sería un duro golpe a la corrupción, al establecer normas claras y transparentes para las adquisiciones del Estado, privilegiando las licitaciones internacionales auditadas por entidades independientes. Con esto se eliminaría la adjudicación perversa de contratos a través de procesos de licitación manipulados.

De igual importancia es la Ley de Servicio Civil, diseñada para promover la meritocracia y profesionalizar la administración pública. Desde hace años, guarda el polvo por aquellos que se benefician del reparto obsceno clientelar de cargos públicos. El resultado es una burocracia que, en vez de servir al pueblo, sirve para pagar favores políticos.

Tampoco aprobaría la Ley de Infraestructura Vial, la cual es vital para propulsar nuestra economía hacia adelante, proyectando una expansión de nuestra red vial de 17 mil 203 kilómetros a 37 mil 952 kilómetros en un plazo de 15 años. Sin esta ley, continuaremos a un ritmo que nos tomaría casi un siglo alcanzar dicha expansión. Pero no se aprueba, porque en el morral de algunos diputados y alcaldes desaparecería del listado geográfico de obras y, por ende, se les acabaría la fiesta para meterle sus cucharadas al caldo dinerario.

A 34 días para la toma de posesión del nuevo gobierno, las complicaciones aumentan con las graves acusaciones del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral. La ausencia de los magistrados, inmersos en procesos de antejuicio, sugiere que no habrá un cuerpo colegiado capaz de abordar estas acusaciones hasta después de la transición del poder.

En este contexto, es más crucial que nunca que se respeten la democracia y los derechos constitucionales de los guatemaltecos. Se investigue y se deduzcan las responsabilidades a quienes hayan cometido delitos. La integridad del voto no es negociable y debe ser protegida sin reservas. La situación que enfrentamos es un toque de queda para todos los actores políticos y sociales, una convocatoria a actuar con la seriedad y la responsabilidad que exige la magnitud de nuestros desafíos.

Hay que llegar al fondo.