El poder que cree tener el presidente Alejandro Giammattei lo ha embriagado y lo ha llevado a cruzar la línea de la cordura. Ya no hay límites para esa tendencia a considerar que nada ni nadie lo puede detener, algo así como un pequeño monarca del trópico que se cree un Luis XIV, aquel a quien se le atribuye la frase “El Estado soy yo”. Con la reelección de Consuelo Porras para que siga desmontando el Ministerio Público (MP) envió un mensaje demoledor de que puede hacer lo que le venga en gana. Un escupitajo contra el Departamento de Estado de Estados Unidos, que considera a Porras una funcionaria corrupta, lo cual se complementó con las burlas a la lista Engels y los señalamientos contra el embajador William Popp. En pocas palabras, el mandatario dejó ver un total desprecio por las formas diplomáticas. Sin embargo, las implicaciones de este desplante sin sentido tendrán serias repercusiones en el futuro inmediato.

Desde septiembre del año pasado, el Departamento de Estado había dado señales inconfundibles de que conocía la labor de zapa de Porras en el MP. Era evidente el trabajo de desarticulación de las estructuras que habían dado resultados positivos en la persecución de las mafias. Washington advirtió de que estaba profundamente preocupado por los continuos ataques de Porras contra el sistema de investigación penal y la justicia. Fue contundente en indicar que la fiscal general había arremetido por motivos políticos contra jueces, fiscales y exfiscales que luchaban contra la corrupción. O sea, EE. UU. tenía clara la película cuando designó a Porras y a su secretario general, Ángel Pineda, como actores corruptos y antidemocráticos. A eso se agregaban las denuncias de plagio de la tesis doctoral de Porras. Varias páginas de esa tesis son copia literal de una tesis de licenciatura de un antiguo empleado del MP.

Tan solo ese estigma hubiera bastado para descartar a Porras. Pero no, contra toda lógica, Giammattei la confirmó en el cargo. La razón es muy evidente. La fiscal general ha hecho un excelente trabajo para evitar las investigaciones contra el presidente en al menos dos casos muy concretos: la alfombra rusa repleta de dinero y el supuesto involucramiento de Giammattei con el exministro José Luis Benito y las maletas con más de Q120 millones que habrían estado destinadas para el financiamiento electoral del partido Vamos. Entonces se entiende que la reelección de Porras tiene sabor a pago por el silencio y haber echado al fiscal Juan Francisco Sandoval por ser incómodo para el presidente. Hay júbilo entre las estructuras que han cooptado el Estado. Y ese es el grave riesgo porque esta continuidad significa más impunidad para los aliados en el Congreso, el sector empresarial, las fuerzas armadas y el crimen organizado. Además, sirve para cerrar los ojos al financiamiento electoral ilícito que se avecina en el próximo proceso electoral.

Está visto que el hampa ya no guarda las apariencias. Las denuncias del juez Miguel Ángel Gálvez de persecución y amenazas en su contra demuestran que las mafias quieren dejar la mesa limpia para ellas. Eso también lo está experimentado en carne propia la exfiscal Virginia Laparra, quien se encuentra detenida en una bartolina en el Mariscal Zavala. El ambiente político se ha enrarecido y la reelección de Porras es una muestra palpable de ese envalentonamiento. La comunidad internacional sabe que está frente a maleantes que no se tientan el alma para lograr sus propósitos. En el exterior ya sonaron las alarmas, tanto en EE. UU. como en la Unión Europea. ¿Quién va a querer invertir en un país que se ha convertido en el paraíso de la corrupción y la impunidad? Esta grave crisis significa un mayor aislamiento externo y eventuales sanciones que impactarán en los sectores más desprotegidos.