Recientemente se ha desatado una polémica respecto de la mejor manera de resguardar el patrimonio natural y arqueológico del norte de Petén, específicamente del sitio arqueológico conocido como El Mirador y el complejo de nueve ciudades mayas interconectadas por 17 calzadas construidas por los mayas del Preclásico; posiblemente, las primeras jamás construidas por la humanidad. Se ubican en el territorio conocido como Reserva de la Biosfera Maya (RBM), que es el espacio natural protegido más grande que nos queda, con una extensión de más de veintiún mil kilómetros cuadrados. Lamentablemente, el demás bosque de Petén ha sucumbido ya al avance de la frontera agrícola y ganadera, a la urbanización y, más recientemente, a la expansión de la palma africana, el narcotráfico y otros tráficos ilícitos.

Desde 1990, la RBM ha estado bajo la administración del Conap, que ha aplicado un modelo de gestión forestal “que promueve un equilibrio entre las actividades humanas y la biosfera, combinando la conservación con actividades de desarrollo económico sostenible”, a cargo de las comunidades que habitan en la zona. Son ya casi tres décadas de aplicación exitosa de este modelo, constituyendo un ejemplo a nivel mundial. Entre sus logros está haber logrado contener la deforestación de la RBM y reducir significativamente los incendios en aquellas áreas donde el bosque está al cuidado de las comunidades. A la par, les permite el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables, lo que se constituye en su medio de vida.

El esfuerzo de las comunidades se complementa con el soporte regulatorio del Estado. A pesar de sus muchas debilidades y la insuficiencia de recursos, este ha apoyado este modelo de gestión forestal. Valga mencionar, como una de las pocas sorpresas positivas del gobierno de Jimmy Morales, que el año pasado se emitió el acuerdo gubernativo que regula cómo se hará el proceso de renovación de las concesiones forestales a las comunidades, para que puedan continuar con la gestión sostenible del bosque. Las primeras concesiones finalizan en el año 2022 y tocará al nuevo gobierno renovarlas y dar mayor soporte a este modelo de gestión comunitaria para cubrir más área boscosa.

Es tan raro escuchar historias positivas producto de la implementación efectiva de una política estatal que uno no esperaría que hubiera quien estuviera promoviendo cambiarlo. Tristemente, lo hay. Es una iniciativa que busca convertir El Mirador y cerca de 3.5 mil kilómetros cuadrados de selva en una reserva silvestre de administración privada, que restringiría la actividad humana en el área, dejando, por tanto, sin medios de vida a las comunidades que tanto han luchado por la preservación de la RBM. Según parece, también se propone convertir este patrimonio arqueológico de la Nación en un enorme parque temático tipo Disney (solo que con estructuras arqueológicas de verdad), abierto al turismo de escala, como forma de hacer viable económicamente la iniciativa, al estilo del Irtra, aunque con cuestionables efectos sobre la sostenibilidad ambiental y de las comunidades.

Hay muy poca información disponible al público. Se despertó mi interés a raíz del anuncio de que senadores norteamericanos impulsan legislación para asignarle fondos a esa iniciativa que no conocemos los guatemaltecos. En particular, los pueblos mayas, herederos directos de quienes construyeron la magnificencia de El Mirador y las otras nueve ciudades, y las comunidades que gestionan sosteniblemente el bosque, deberían ser consultados sobre esta iniciativa y tener voz y voto en lo que suceda con El Mirador y la RBM.