La semana que recién termina nos mostró con crudeza de qué están hechas las élites políticas y económicas que dominan al país. Uno tras otro sucedieron hechos que no hacen más que constatar que vivimos en un Estado capturado y cooptado, en imparable regresión autoritaria. El contubernio entre las élites, grupos de crimen organizado y las estructuras de poder —local y nacional— configuran redes ilícitas que han instalado en Guatemala una cultura de corrupción e impunidad. Ya es difícil distinguir la frontera entre institucionalidad estatal y criminalidad, porque la relación se ha vuelto simbiótica. Estamos, para decirlo en una frase, al borde del Estado-criminal.

A inicios de la semana, Prensa Libre publicó el informe del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) sobre los embarazos en niñas y adolescentes en 2020. Hasta el 9 de noviembre, se registraron 90 mil 936 embarazos. Es decir, cada mes, 8 mil 720 niñas y adolescentes —290 por día— dieron a luz. De ellas, 776 niñas tenían 13 años al momento de parir, 241 apenas alcanzaban los 12, y 88 son pequeñas entre 10 y 11 años.

Estas cifras no incluyen a las niñas y adolescentes violadas que no quedaron embarazadas. De esa magnitud es el abuso y la violencia sexual contra las niñas y las jóvenes guatemaltecas. Y de ese tamaño es también la indolencia, cuando no la aquiescencia, de las autoridades.

Por otra parte, a mitad de la semana, se conoció el alza en el país de los contagios y fallecimientos por covid-19. A la par del incremento de las cifras y la saturación de camas de cuidados intermedios e intensivos, el personal sanitario de los hospitales temporales denunció —por enésima vez— la falta de medicamentos y equipo para atender a pacientes y el atraso o incumplimiento en el pago de sus salarios.

Al deplorable manejo para la contención de la pandemia, se sumó la ineptitud y desidia que supone haber dejado para última hora la estrategia para la adquisición de las vacunas. A estas alturas, mientras media docena de países en América Latina empezaron a administrar la primera dosis de la vacuna, Guatemala no tiene siquiera concretada la compra y menos el plan de vacunación. No es que vamos tarde, es que no vamos.

Y mientras el virus avanza al mismo tiempo que la apatía y la dejadez del gobierno —que ya nos dejó claro que la vida y la salud de la población le importan un comino y que sus prioridades son el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias—, las (otras) mafias se aprestan para tomar el control de la Corte de Constitucionalidad, que se había logrado mantener independiente a pesar de los embates del Pacto de Corruptos. Ahora que lograron cambiar la correlación de fuerzas en la integración del Pleno, se perdió el último freno que quedaba —a nivel judicial— para detener la agenda del retroceso autoritario. Quieren vía libre para reparar el muro de la impunidad al que se le había abierto un boquete.

Y para que no quede duda de que éste es un Estado ausente, racista, patriarcal y excluyente, que cuando aparece lo hace para reprimir y criminalizar, el domingo con horror e indignación presenciamos la brutal represión contra miles de familias migrantes hondureñas. Garrotes y gases lacrimógenos, violencia injustificada contra población civil. La misma que meses atrás sufrieron cientos de guatemaltecos que manifestaban pacíficamente en la Plaza de la Constitución contra el hambre, la pobreza, la impunidad y la corrupción, las mismas razones detrás de las caravanas de migrantes.

Qué poco le duró a Giammattei el patrioterismo de su discurso de toma de posesión, en el que henchido de “patrio ardimiento”, vociferó contra la “injerencia extranjera”. Sin chistar, un año después, convirtió a Guatemala en la frontera Sur de los Estados Unidos.