La vacunación en Guatemala avanza a cuentagotas. Vamos mal y tarde. En lugar de que sea un tema prioritario y central para lograr el control de la pandemia, el gobierno de Alejandro Giammattei actúa con ineptitud y desvergüenza. Evade su responsabilidad y se la pasa echándole la culpa a la población de la calamitosa situación en la que nos encontramos. El presidente se pasó 20 años buscando la Presidencia y, ahora que le toca gobernar, dice que “no es su chance”.

Los contagios se están multiplicando, los casos de personas en estado crítico aumentan todos los días, los hospitales públicos ya no se dan abasto y tampoco tienen equipo y medicamentos para hacer frente a la gran cantidad de pacientes que requieren una cama en cuidados intensivos o un ventilador. A estas alturas, habiendo vacunas, muchas de las muertes y los casos severos son evitables. Pero hay que vacunar y eso es lo que no están haciendo. En otras palabras, los fallecimientos en nuestro país ya no se deben solamente al coronavirus. Las autoridades guatemaltecas tienen una elevada cuota de responsabilidad por el pésimo manejo de la vacunación y la falta de previsión para realizar las compras y garantizar el abastecimiento.

Otros países de la región, con condiciones similares a las de Guatemala, empezaron a gestionar las vacunas desde octubre del año pasado, con lo que se aseguraron recibir envíos desde el mes de enero de 2021. Además, con una lógica bastante simple, no pusieron todos los huevos en el mismo canasto y diversificaron los pedidos para evitar depender de un solo proveedor. Mientras El Salvador, Costa Rica y Panamá han inmunizado con una dosis al 24, 30 y 22% de su población, Guatemala apenas alcanza el 4.24%. Compartimos el último lugar de Centroamérica con Nicaragua, porque Honduras -que ayer recibió 1.5 millones de dosis del gobierno estadounidense- ya modificó su legislación para que le fuera entregada la donación.

El colmo es que la alianza oficialista del congreso -así, con minúscula- haya decidido perder 5 días para sesionar y aprobar una iniciativa de ley que agilice la entrega de las donaciones, en una actitud de prescindencia frente a la vida y la salud de la gente, que raya en lo criminal.

Ese bloque mayoritario de legisladores, que está al servicio de lo que dicta el Ejecutivo, no ha escatimado esfuerzos en reunir el cuórum suficiente cuando se trata de aprobar normativas regresivas o realizar cuestionadas juramentaciones. Claro, es evidente que ahí juegan otro tipo de “incentivos” económicos y de pactos para garantizarse impunidad.

El desbarajuste es tal, no solo en la vacunación sino en el desastroso manejo de la emergencia sanitaria, que resulta muy difícil atribuirlo solo a la impericia o a la incapacidad. Acostumbrados a que en Guatemala no hay “obra sin sobra” y viendo cómo las estructuras de corrupción se adueñaron de los procesos de compra de insumos y equipo en plena pandemia, no es de extrañar que en la compra fallida de las vacunas la explicación sea -de nuevo- la danza de los millones y las mafias.

Las inexactitudes y falsedades oficiales -empezando por nuestro médico-presidente recetando Ivermectina en una cumbre internacional-, la desinformación y las contradicciones permanentes entre funcionarios, las explosiones de ira del mandatario -que en las últimas semanas son también de la ministra de Salud-, y el diseño de un plan de vacunación en el que no hay vacunas y donde se privilegia el registro digital, como si en este país el acceso a internet fuera mayoritario, caracterizan la fallida gestión de la pandemia. Si somos de los peores alumnos de la clase -ya solo superados por Nicaragua-, ¿no va siendo hora de reaccionar?