Hace una semana tuve ocasión de dar una conferencia en la Universidad de Verano del IES Europa que los organizadores intitularon “Evaluando el sendero tomado en las Américas”. Me propuse sustentar la hipótesis de que, en general, en la subregión latinoamericana, durante los últimos treinta años, el énfasis se puso en el aspecto económico y que, del punto de partida en adelante, la región quedó dividida en dos subgrupos.

Por supuesto, para cada uno de los dos subgrupos hay múltiples matices que, no obstante, no impiden proponer las dos categorías. La primera se quedó enfocada en lo económico, si bien con un mayor énfasis en encontrar mejores equilibrios macroeconómicos, porque las privatizaciones y la apertura de mercados ya se había dado entre finales de los ochenta y finales de los noventa. El siglo XXI trajo las “participaciones público-privadas” y algunos ajustes por el lado de la inversión y la tributación multinacionales, pero el foco siguió puesto en la economía.

La segunda categoría es la del grupo que, paralelamente a la reforma económica, se ocupó del aspecto institucional. Principalmente, me parece, en lo que se refiere al Poder Judicial y a la eficacia de las administraciones públicas. Unos tribunales de justicia y un servicio civil profesionales, independientes del proceso político y probos. En cuanto al Poder Judicial, lo más importante ha sido conseguir su independencia.

Los resultados han sido, en general, más fructíferos para la segunda categoría de países. Para dar una idea en este breve espacio, en el Índice de Libertad Económica Perú está, al igual que Uruguay, apenas diez puntos abajo de Canadá. Sin embargo, mientras que Uruguay está a solo once puntos de Canadá en el Índice de Percepción de Corrupción (2018), Perú está a cuarenta y seis puntos de distancia. No es de extrañarse que la renta per cápita de Uruguay (IMF 2017), ajustada por poder de compra, sea casi el doble.

Guatemala y Costa Rica están a menos de tres puntos de distancia en el Índice de Libertad Económica, pero en el de Estado de Derecho Costa Rica nos aventaja por veinte puntos y en percepción de corrupción, por casi treinta. Tampoco es de extrañarse que su renta per cápita sea el doble que la de Guatemala.

Mientras que Chile está tan solo diez puntos arriba de México en el Índice de Libertad Económica, la distancia en el Índice de Percepción de Corrupción es de casi treinta puntos. Chile también es, junto con Costa Rica, el que mejor puntea en el Índice de Estado de derecho (a apenas cinco puntos de los Estados Unidos). A pesar de las ventajas por ubicación geográfica de México y de sus vastos recursos, su renta per cápita era, para 2017, alrededor de cuatro quintas partes la de Chile.

Dice el dicho que “las comparaciones son odiosas”, pero no cuando el objeto es intentar identificar las variables que más pudieran incidir en el desarrollo de la sociedad y el Estado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no todos los países de la región han arrancado del mismo punto hace treinta años, ni era igual el desarrollo de su capital humano, el más importante. Sin embargo, está claro que, en la parte alta de las rentas per cápita, tienden a agruparse los países que, a un nivel aceptable de libertad económica, suman un mejor Estado de derecho y una percepción de corrupción relativamente menor. De igual forma, las rentas más bajas se correlacionan, en general, con menor libertad económica acompañada de un Estado de derecho débil y de altos niveles de percepción de corrupción.
Indiscutiblemente, es importante contar con carreteras y otras infraestructuras físicas; pero más importantes son todavía las infraestructuras institucionales.