Si bien está claro que, hasta ahora, ningún partido que ha gobernado ha estado a la altura del mandato que asumieron, nunca ha habido antes tal consenso social del que esta vez, ha sido lo peor de lo peor desde la democratización del país. Lo dicen las encuestas de opinión y se evidencia también en el nivel y profundidad de daños causados por Jimmy Morales, Jafeth Cabrera y sus secuaces en prácticamente todos los ámbitos del sector público. Si se suma a ello el nivel extremo de putrefacción alcanzada por el Congreso y en las cortes de justicia; y el debilitamiento extremo y/o cooptación de órganos “autónomos” como, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, y la Contraloría General de Cuentas o la SAT, lo que nos queda es una institucionalidad totalmente desvencijada, desprestigiada y corrompida hasta el tuétano. Es más, siguen haciendo daño, y tal parece que no pararán, sino hasta el último segundo antes de entregar el cargo.

Como pintan las cosas, muchas de las lacras permanecerán; no dejarán realmente la administración pública. Ya vimos las acciones de la Canciller, poniendo de entrada en situación difícil al futuro canciller Brolo, al nombrar a sus lugartenientes y operadores del #PactoDeCorruptos en embajadas y otros puestos claves del servicio exterior, y previniendo su remoción a menos que el nuevo canciller haga un esfuerzo explícito e intencional de removerlos, asunto que lo pone en una situación difícil de entrada. Igual pasará en otros ministerios y secretarías: los achichincles de Jimmy están dejando a sus propios achichincles —de igual o peor calaña— en puestos clave, lo cual no augura nada bueno para el rescate que urge hacer de la institucionalidad pública. Por su parte, Jimmy y Jafeth Cabrera también saldrán corriendo a refugiarse al Parlacén; y los acogerán con diligencia nunca antes vista en esa madriguera de impunidad el mismo día que dejan los cargos que tanto han deshonrado.

Por estas y otras razones, el 14 de enero puede que solo resulte siendo un falso alivio, a menos que el gobierno entrante tenga los arrestos de desmarcarse inmediatamente de sus nefastos predecesores. Esa sola acción les dará más oxígeno y legitimidad social que cualquier denodado discurso que puedan hacer en la toma de posesión. Siendo pragmáticos, la administración Giammattei tiene la barra tan pero tan baja en ese plano que si actúan inteligentemente podrían anotarse algunos éxitos políticos inmediatos en su gestión. En cambio, si permiten que los tentáculos del “PactoDeCorruptos” se mantengan intactos e impunes, y sus operadores continúen devengando del dinero público mientras a la par socavan al mismo sistema que les da de comer, consumirán su oxígeno político innecesariamente, asunto que tal vez no sentirán de inmediato, pero sí cuando comiencen a avanzar los meses de su gestión.

Detener la caída en picada que llevamos hasta ahora no será cosa fácil. Los tentáculos del #PactoDeCorruptos seguirán asfixiando la administración pública luego del 14 de enero, si el gobierno entrante no hace algo explícito para evitarlo. La macroeconomía podrá hacer parecer que Guatemala no se ha visto dañada por la corrupción y las acciones ineptas y perversas de este gobierno, así como de un Congreso que ha sido abiertamente proimpunidad; pero sí hay daños, y muchos: en el tejido social, en el hambre y desnutrición de la niñez, en la economía real, en la economía doméstica, en el ambiente, en la seguridad ciudadana, y en todo el aparato público. La gobernabilidad del país, a menos que se opte por la represión y la violencia, pasará en primera instancia, porque el gobierno que asume no se convierta en una caja de resonancia del anterior.