¿Será que existe una conspiración internacional para dañar la imagen de Guatemala? ¿El gobierno de Estados Unidos y el Parlamento Europeo estarían interesados en maquinar una campaña de desprestigio sin razón alguna? No, no se trata de eso. En realidad, lo que existe a nivel internacional es una seria preocupación por el avance del régimen de corrupción e impunidad y que se convierte en el principal obstáculo para el desarrollo del país. El Departamento de Estado dio a conocer la semana pasada su informe sobre la situación de los derechos humanos en 198 países durante el 2021, y en el caso de Guatemala señala la existencia de un clima adverso a la labor de los fiscales y jueces que combaten la corrupción. ¿Esa es una falsedad? Para nada. El Ministerio Público (MP), otrora trinchera contra la criminalidad, ha sido convertido por Consuelo Porras y Alejandro Giammattei en un arma que apunta contra los operadores de justicia, a quienes persigue y encarcela.

El informe, dado a conocer por Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, es claro y directo: la corrupción gubernamental en Guatemala es grave. Pocas veces este tipo de reportes han sido más contundentes como ahora. Indica que existe una falta de investigación y rendición de cuentas y que la Comisión Presidencial contra la Corrupción carece de independencia para llevar a cabo un trabajo efectivo. Subraya que el año pasado fueron procesados pocos casos de corrupción de alto perfil, pero que mientras eso sucedía, en el Ministerio Público se asistió al despido y persecución contra fiscales que llevaban casos de impacto. Advierte la existencia de un clima de amenazas contra jueces independientes para tratar de despojarlos de su inmunidad procesal. El informe dice que estos hechos muestran el socavamiento de las estructuras anticorrupción, lo cual favorece a la impunidad.

La situación de la exfiscal Virginia Laparra muestra en toda su magnitud ese clima de terror que ha impuesto el presidente Giammattei y sus aliados contra los operadores anticorrupción. Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, fue capturada y encarcelada a petición de Consuelo Porras, por denunciar administrativamente a Lesther Castellanos, juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, porque este habría revelado información de casos de corrupción que estaban bajo reserva. Por el supuesto delito, que no ameritaba prisión, Laparra ahora vive momentos de zozobra en una bartolina oscura y húmeda, de la cual solo puede salir una hora al día. Ni los peores criminales han afrontado estas condiciones infrahumanas, lo que constituye una flagrante violación a los derechos humanos. La tortura a que está sometida Laparra es una advertencia a otros fiscales para que no se les ocurra denunciar a un juez que, como Castellanos, forma parte del régimen de corrupción e impunidad.

Casos como el que sufre la exfiscal Laparra motivaron que el Parlamento Europeo expresara su preocupación por el deterioro del estado de Derecho en Guatemala y las acciones de la Corte Suprema y el MP contra jueces, abogados y fiscales independientes. En el mismo tono, el Departamento de Estado de Estados Unidos evidenció que el sistema de justicia de Guatemala no proporciona juicios justos ni oportunos, debido a la ineficiencia y la corrupción. Deja clara su preocupación por los reiterados casos de vigilancia, intimidaciones y amenazas que afrontan jueces y fiscales, algunos de los cuales han tenido que salir al exilio para proteger su integridad física. Entonces, asistimos en Guatemala a la consolidación de la narcocleptocracia que utiliza el terror para tratar de paralizar la lucha contra la impunidad. Una dictadura criminal que no pasa inadvertida para la comunidad internacional.