Lo ocurrido en El Salvador durante la primera sesión de la nueva asamblea legislativa integrada por una mayoría oficialista, no sorprende pero asusta. La decisión de destituir, sin legítima causa, a los magistrados de la sala constitucional y al fiscal general y sustituirlos por personas vinculadas al presidente Nayib Bukele, atenta contra el orden constitucional y la independencia judicial y de poderes.

Es la consumación del intento de golpe de febrero de 2020 cuando Bukele, junto a un grupo de militares, tomó por asalto el Congreso y amenazó con disolverlo una semana después. Aquella intentona quedó frustrada por una resolución judicial y desde entonces continuó el enfrentamiento del presidente salvadoreño con los magistrados.

Desde su cuenta de Twitter, al mejor estilo de Donald Trump, Bukele arremete contra todo aquel que le critica o cuestiona. No tolera el disenso y, como quedó claro, no está dispuesto a aceptar resoluciones judiciales que le sean adversas, ni una fiscalía que investigue de forma independiente las denuncias de corrupción contra su gobierno.

Uno de sus mayores enojos tuvo que ver con la objeción de los magistrados a que los gastos y compras por la pandemia se hicieran sin control y con las pesquisas que desde la fiscalía se iniciaron para determinar si en US$20 millones que se usaron para adquirir insumos médicos, hubo negociaciones ilícitas, se favoreció con contratos a empresas sin experiencia o a proveedores ligados a funcionarios del gobierno.

En la mira también tiene al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y a los medios y periodistas que no le son afines y que han sufrido sus embates en múltiples formas, a través de una estrategia sostenida de amenazas, descalificación y acoso.

Todo lo anterior -y muchas otras acciones que por razones de espacio no describo- configuran en el vecino país una regresión autoritaria, el cierre de los espacios democráticos y un peligroso escenario de ruptura de la institucionalidad, mal utilizando la legitimidad de los resultados obtenidos en las urnas. Y esto hay que denunciarlo y repudiarlo.

Pero lo que sucede en El Salvador no es muy distinto a lo que estamos viviendo en Guatemala. La diferencia sustancial está en la temporalidad y en el método y, claro, en la inexistencia de un “carismático” autócrata. La ruptura de la institucionalidad y la regresión autoritaria también está instalada en nuestro país y continúa y se profundiza de manera progresiva.

Ya tuvimos a un Jimmy Morales, rodeado de militares, amenazando a la entonces Fiscal General Thelma Aldana y al comisionado de Cicig, mientras jeeps artillados recorrían la ciudad y se apostaban frente a la otrora independiente Corte de Constitucionalidad. Ya se cooptó al MP y a las Cortes, por la vía de las comisiones paralelas de postulación, para garantizar que no haya investigaciones ni resoluciones judiciales contrarias al Pacto de Impunidad.

Tenemos a una mayoría en el Congreso -en acuerdo con el presidente- que no dejó asumir a la única magistrada del tribunal constitucional que les haría el contrapeso y acaban de aprobar una reforma para evitar los controles sobre las compras de hasta Q200 mil, en connivencia con alcaldes corruptos o señalados de pertenecer a redes ilícitas.

No tenemos contrapeso en los poderes del Estado y se fracturó la independencia judicial. Se persigue y ataca a operadores de justicia y a medios y periodistas que fiscalizan al poder y están en la mira el PDH y a las organizaciones sociales. Por eso, hay que ser muy caradura para condenar lo que sucede en El Salvador mientras aquí son parte directa -o aplauden- la cooptación y la regresión autoritaria. No sorprende, pero sí indigna su consuetudinaria doble moral.