La jefa del Ministerio Público y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son muy eficientes para aceptar el trabajo sucio que les ha delegado la alianza de políticos, militares y empresarios que detentan el poder en el país. No solo se trata de blindar el pasado, sino de impedir nuevas acciones que perturben la impunidad en que viven. Esta vez la fiscal general, Consuelo Porras, se lanzó contra la abogada Leily Santizo, no solo por haber sido la mandataria de la Cicig, sino porque ha defendido a exfiscales del MP. El argumento contra Santizo es totalmente falaz. El fiscal Rafael Curruchiche, que dirige la Feci, afirma que la ahora detenida cometió obstrucción a la justicia por haber solicitado la conexión del caso Odebrecht, que lleva la jueza Erika Aifán. Eso significa, ni más ni menos, la criminalización del derecho constitucional de petición y del legítimo derecho a la defensa. Para ocultar que el caso fue fabricado sin mayor sustento, Curruchiche lo declaró en reserva.

El actual jefe de la Feci sigue las instrucciones de la fiscal general en su intento de vengarse de los exfiscales que la han desenmascarado. Porras va contra esta abogada porque ejercía la defensa técnica de exfiscales de la Feci que trabajaron en casos como Odebrecht, Construcción y corrupción y Comisiones paralelas, entre otros. De esta manera se vulnera el derecho de toda persona a defenderse en los tribunales. Esta es una muestra palpable de cómo se torcieron los caminos de la jefa del Ministerio Público, a quien no le interesa investigar los grandes casos de corrupción e impunidad en los que están involucrados sus amigos políticos, militares y empresarios. Al contrario, defiende los intereses de estos. Por ejemplo, la tirria contra Santizo también se debe a que tuvo a su cargo la investigación contra el general Erick Melgar Padilla, hermano del diputado oficialista Armando Melgar Padilla, así como de casos contra implicados en narcotráfico, con tentáculos en la administración pública.

Otro tanto ocurre con el juez Pablo Xitumul, a quien la CSJ le retiró su inmunidad en un caso a todas luces fabricado. En el 2019, el juzgador reportó abusos del inspector policial José Cuxaj, quien lo quería obligar a bajar de su vehículo, lo insultó y lo tomó del cuello. El inspector, quien fue sometido a investigación interna en la PNC, pidió el retiro de antejuicio del juez por supuesto abuso de autoridad. De nada valió la existencia de un video que avala la versión del juez, ya que el miércoles los magistrados de la CSJ lo despojaron de su inmunidad, pese a que Xitumul había recusado a ocho de esos magistrados. El ataque contra este juez hay que verlo a la luz de que fue miembro del tribunal que condenó a 80 años de cárcel al general Efraín Ríos Montt por genocidio, en el 2013. También fue el juzgador que condenó a Roxana Baldetti a 15 años de prisión por el caso Agua mágica. Por casos como esos, Xitumul tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado de Guatemala lo proteja.

Estos hechos demuestran cómo el MP y la CSJ están plegados a las estructuras de corrupción e impunidad, las mismas mafias que han llevado al exilio a varios exfiscales y que también enderezan ataques con la jueza Erika Aifán. El trato hacia los miembros del Pacto de corruptos es diferente. Por ejemplo, los magistrados de la CSJ decidieron mantener la inmunidad a Ranulfo Rafael Rojas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien sí está implicado en un caso criminal. Según las investigaciones de la Cicig, cuando Rojas era agente fiscal del MP supuestamente tuvo vínculos con una estructura organizada para lavar dinero u otros activos, producto del traslado de fondos públicos del sistema financiero. Para entender por qué actúan de esta manera Porras y la mayoría de magistrados de la CSJ basta saber que fueron electos, la primera, por el expresidente Jimmy Morales, y los segundos por Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi. Hacen el trabajo sucio que les mandan.