Emprender cualquier acción sin previa planificación trae consigo el riesgo de equivocarse. Eso vale tanto para la más elemental, como vestirse antes de salir a la calle, como planificar un territorio antes de colocar la primera piedra.

Las ciudades y pueblos donde vivimos alguna vez fueron planificados y asignado el uso para cada sector. Hoy, en Guatemala, la casi totalidad ha colapsado porque no se planificó su crecimiento y menos aún la conservación de sus centros fundacionales. Apenas han sido declarados y nominalmente protegidos los centros históricos de ciudad de Guatemala, Xela e isla de Flores; y los sitios arqueológicos Tikal, Quiriguá, Kaminaljuyú y Takalik Abaj.

La Antigua Guatemala merece mención aparte, pues se trata de la ciudad Santiago de Guatemala. Su protección fue resultado de la amenaza que supuso la reconstrucción del templo de san Francisco, en los años 60 del siglo pasado, incentivada por la fe y por desechar el carácter de ciudad con ruinas conservadas. Eso hizo temer a la intelectualidad de la época, que la histórica ciudad perdería su valor ante los principios universales de conservación dictados por la Carta de Venecia (1964).

La primera medida fue coordinar con el Instituto de Fomento Municipal, la preparación de un Plan Regulador que dio paso a la ley protectora (1969) que incluyó tres municipios más: Ciudad Vieja, Pastores y Jocotenango; de ahí el carácter de Nacional del Consejo para la Protección de La Antigua Guatemala (Cnpag). El Plan fue revisado por el Consejo y elevado al Concejo Municipal que lo aprobó el 7Ag1974; como nunca fue derogado, sigue vigente.

Sucesivamente se hicieron al menos 18 intentos por actualizarlo. Algunos por vecinos y profesionales organizados y otros por la cooperación internacional, aportando graciosamente su tiempo, conocimientos y esfuerzo, haciendo partícipe de esos estudios a todos los sectores de la población e instituciones, sin que la Municipalidad, aun habiendo participado, asumiera su responsabilidad.

Con la emisión de la Ley Protectora y creación del Cnpag, la ciudad se recuperó y más tarde fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial. Esos hechos alteraron el uso y valor del suelo, incluidas las grandes extensiones de tierra en su periferia. Las fincas de café dejaron de representar la riqueza de antaño, lo que incentivó promover a terratenientes, inversionistas y corredores de bienes raíces, un nuevo plan, ante un alcalde impulsado por ellos mismos. Para eso contaron con la complicidad de Pronacom, institución especializada en obtener préstamos internacionales para hacer estudios que hasta ahora no han servido al país, pero que han endeudado a los ciudadanos.

Así, con un gasto de 10.5 millones de quetzales contrataron a la empresa Idom para que formulara un plan a su medida. La empresa, especializada en esos proyectos, a lo largo de dos años de estudio preparó un proyecto para la ciudad y su entorno que no fue del agrado de los “patrones de la finca”, por lo que su alcalde no se atrevió a aprobarlo, dejando el caso para el sucesor.

El actual alcalde, contra toda disposición legal, delegó mediante convenio con ese mismo grupo de empresarios, aglutinados en Adepanchoy, revisar y actualizar el plan de Idom. Esta semana el Concejo Municipal conoció el resultado que, sin más, fue aprobado, alcanzando así el triunfo de la inequidad. Los empresarios finalmente cuentan con un Plan de Ordenamiento Territorial hecho a su medida, en beneficio de sus intereses, que poco o nada tiene qué ver con La Antigua Guatemala y menos con el bien común.