El partido oficial Vamos efectuó un mitin en El Jícaro, El Progreso, el sábado anterior, en el cual Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y amigo del presidente Alejandro Giammattei, cantó a todo pulmón el narcocorrido Soy el jefe de jefes, como si no tuviera esa connotación criminal. A grito pelado y bajo evidentes efectos de licor, se identificó como “Miguelito” e hizo alusión a la supuesta injerencia extranjera, muy a tono con lo dicho por el mandatario contra EE. UU., cuyo embajador le habría solicitado que no reeligiera a Consuelo Porras como fiscal general por ser una persona corrupta. La actividad sirvió para presentar al público a este exfuncionario que es el poder tras el trono y quien aprovechó el evento para promoverse como posible candidato a diputado, así como a otros dos aspirantes oficialistas. El grotesco espectáculo ocurrió en las propias narices del Tribunal Supremo Electoral (TSE), institución a la que le corresponde hacer respetar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que prohíbe la campaña anticipada.

No es la primera vez que los partidos políticos se pasan por el arco del triunfo la normativa electoral sin que los magistrados del TSE reaccionen. Zury Ríos, del partido Valor, y Sandra Torres, de la UNE, han dado muestras de lo poco que les importa la LEPP. Ambas se promocionan como posibles candidatas a la presidencia, con todo descaro. Más aún, el propio presidente Giammattei promueve al diputado Manuel Conde, quien sería el gallo tapado del oficialismo para competir como presidenciable. Los magistrados del TSE que se han mostrado inflexibles con agrupaciones políticas pequeñas prefieren mirar para otro lado cuando se trata de los partidos que conforman la alianza oficialista. El riesgo no es solo que el TSE consienta a algunas agrupaciones cuando violan la Ley Electoral, sino que da pie a desconfiar desde ya sobre cuál sería el criterio de independencia que este organismo tendría en los próximos comicios.

La LEPP define la propaganda electoral como toda actividad organizada y llevada a cabo para promocionar candidatos y difundir sus programas de gobierno. La propaganda electoral se puede efectuar después de la convocatoria a elecciones en enero del año en que se efectúen los comicios, o sea a partir de enero del 2023. Toda actividad de propaganda y promoción de candidatos está prohibida previamente y se define como campaña anticipada. La referida ley señala que se sancionará con US$50 mil al partido que realice campaña electoral anticipada y que se puede llegar a la cancelación del registro de la organización política y a la no inscripción de los candidatos.

¿Por qué a los partidos de la alianza oficialista les importa un comino la Ley Electoral y ven como sus sirvientes a los magistrados del TSE? Muy sencillo, los diputados de esa coalición eligieron a los miembros de ese Tribunal en el 2020 y estos quedaron condicionados a responder a sus intereses. Además, tienen la cola machucada. Por ejemplo, cuando Ranulfo Rojas presentó su documentación como candidato a magistrado del TSE incluyó un título falso de doctorado y el candidato a magistrado suplente Marco Antonio Cornejo, uno de maestría. La Universidad Da Vinci se deslindó de tal hecho y solicitó enviar el expediente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en junio del 2021. Ha pasado más de un año de tal petición y la Feci, bajo el control de Consuelo Porras, no ha accionado para nada, y Rojas es ahora el flamante presidente del TSE. Tal desvergüenza se quedó en la impunidad por la sencilla razón de que este magistrado, al igual que Porras y los diputados de la coalición oficialista, forman parte del pacto de corruptos. Así, quién va a detener la campaña anticipada.