Una de las medidas tomadas por el gobierno ante la amenaza del covid-19 es el distanciamiento social y, por ende, el encierro en casa. Buena medida, aunque claro que no todos los encierros serán iguales, porque no será lo mismo encerrarse en una champa con piso de tierra y sin agua, que en una casa con amplios y verdes jardines, o ni siquiera tener la opción de encerrarse porque hay que ir a trabajar.

Incluso quienes trabajamos con niñas y adolescentes que necesitan protección especial por haber sido víctimas de delitos como la violencia sexual o la trata de personas hemos aprendido mucho en estos pocos días. Hemos entendido, aún mejor, lo que ellas sienten cuando son encerradas sin tener culpa alguna por ello, mientras el agresor anda suelto. Más aún, cuando vemos que ahora, además de las condiciones asociadas a su institucionalización, deben quedarse sin visitas familiares, sin salidas recreacionales, educativas o deportivas, y seguir sintiendo la ansiedad del doble encierro como si nada.

No estoy cuestionando el distanciamiento social, que me parece por demás una medida adecuada y preventiva en estos momentos de la epidemia; estoy reflexionando sobre el distanciamiento social forzado al que son sometidos miles de niños, niñas y adolescentes del país por la ausencia histórica de un Estado que ahora podría aprovechar para mejorar los sistemas sanitario, educativo, de salud, entre otros. Es un buen momento para reflexionar en los casi 5 mil niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados, casi todos en instituciones privadas, porque el gobierno solo le da protección a poco más de 800 de ellos. Pero no solo pienso en ellos, sino también en las y los niños que no precisan protección especial, sino la protección integral que el Estado debe proveerles desde el nacimiento.

Las últimas noticias gubernamentales hablan de préstamos solicitados al Congreso, de medidas e iniciativas de ley para la reactivación económica del país durante y después de la crisis. Aún no tengo los elementos suficientes para analizarlos detenidamente, ni puedo hacerlo con personas expertas en estos temas, pero lo que sí puedo pedir es que la reactivación no sea solo económica, sino social. Si volvemos a activar la economía sin activar el desarrollo de todas y todos los guatemaltecos, volveremos a encerrarnos pronto y fortaleceremos lo que dicen de nosotros las cifras que nos comparan con el resto de países: que somos uno de los países más desiguales del planeta. ¿Por qué no pedir que se busque invertir también en bajar los indicadores de pobreza, desnutrición, inseguridad, desempleo, analfabetismo y absentismo escolar, entre otros?

En medio de esta crisis tenemos que mantener bien abiertos los ojos y la consciencia, para que la clase política no haga lo que mejor ha sabido hacer siempre, cuando ve las porterías sin quien las cuide. Hay muchas niñas y niños encerrados en Guatemala, aun en tiempos sin virus; están encerrados en instituciones o en vidas sin opciones. De momentos como estos queremos salir airosos y juntos, queremos crecer como país, queremos una Guatemala que alcance para todas y todos.

Algunos debemos salir a trabajar, pero estamos tomando todas las medidas, porque ningún acto a favor de cuidarnos y cuidar es poco. El virus está suelto y las niñas y adolescentes que nosotros cuidamos, dos veces encerradas. Pero sabemos que cada disposición acatada puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de miles de personas. Que el momento le abra los ojos a la clase política y al sector económico, porque la reactivación económica sin reactivación social y con deportaciones masivas pueden condenar a muchas generaciones presentes y futuras a encierros involuntarios.