La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) supo ser durante décadas un baluarte de resistencia y dignidad. Por sus aulas han pasado decenas de mujeres y hombres comprometidos con la construcción de un país igualitario, justo y democrático. La lucha de sus autoridades, profesores y estudiantes durante las dictaduras militares dejó un trágico saldo de centenares de sancarlistas asesinados, torturados, desaparecidos y exiliados. Estos crímenes fueron parte del terrorismo de Estado cuya estrategia de exterminio les llevó a cometer genocidio en comunidades rurales e indígenas y una persecución incesante en contra del movimiento social, sindical, estudiantil y universitario, que se tradujo en su debilitamiento y cooptación.

Recuperada la democracia, los embates contra la Usac no cesaron. Su rol en la formación de miles de estudiantes y la representación que tiene en espacios institucionales donde se deciden temas cruciales como la elección de las altas cortes; la Junta Monetaria y el Seguro Social; una magistratura titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad, por citar solo algunas, además de la facultad que le otorga la Constitución para presentar iniciativas de ley, la han hecho blanco de las redes político-económicas ilícitas que promueven la impunidad, la corrupción y el tráfico indebido de influencias.

En 2015 vimos el resurgir de un vigoroso movimiento estudiantil universitario en escuelas y facultades, que además de abanderar las movilizaciones ciudadanas, logró la recuperación de la histórica Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda de León, arrebatándosela a las mafias de seudoestudiantes que la habían convertido en un antro de negocios sucios y de promoción del vandalismo y la violencia. Ese mismo año contemplamos cómo una mayoría de representantes del Consejo Superior Universitario, movidos por la ola ciudadana anticorrupción, avaló la iniciativa del entonces rector Carlos Alvarado Cerezo de impulsar la “Plataforma Nacional por la Reforma del Estado”, un espacio de intercambio y diálogo entre distintos sectores, grupos y pueblos del país para promover reformas y procesos de rescate de la democracia y la justicia.

Sin embargo, estos esfuerzos fueron torpedeados por los grupos que dentro de la Usac responden a los intereses de los poderes fácticos y las redes criminales, esa alianza perversa bautizada popularmente como el “Pacto de Corruptos”, que está aniquilando lo poco que nos queda de democracia, asfixiando la disidencia, persiguiendo a quienes lideraron la lucha contra la corrupción y promoviendo el alineamiento de todas las instituciones y organismos de Estado para instaurar la perfecta dictadura de la impunidad.

Dos rectores en la cárcel señalados de graves delitos y la danza de miles de quetzales de dinero sucio para comprar voluntades en las elecciones del próximo rector son la muestra palpable de cómo los tentáculos del poder oscuro siguen manejando los hilos en la Usac. El objetivo no es otro que alinearla y mantenerla como parte del pacto de corrupción e impunidad. Es cierto que lo que sucede en la Usac es un reflejo de las dinámicas perversas del país, pero es cierto también que la Usac ha sabido ser, como lo vimos durante los años de la guerra y en el pasado reciente, un motor de cambio, resistencia y esperanza.

Por eso, mañana, 23 de marzo, las y los estudiantes, profesores, egresados y agremiados en los colegios profesionales están llamados a abanderar un nuevo rescate de la Universidad de San Carlos. Sus votos para la conformación de los cuerpos electorales por las planillas de oposición a los candidatos de las redes criminales son cruciales para la Tricentenaria y para nuestro país. Que la memoria, la resistencia y la dignidad sancarlista se haga presente.