Ayer se publicó el Acuerdo No. 46-2023 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que decide suprimir el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, del municipio de Guatemala. El argumento para ello es “eficientar el manejo de los recursos humanos y financieros del Organismo Judicial”, ya que el personal asociado a este juzgado que ahora se cierra será distribuido al Tribunal Segundo de Sentencia de Femicidio, entre otros, cuando sabemos que los casos de femicidio y violencia contra la mujer casi nunca llegan a sentencia, porque en su mayoría son desestimados por el Ministerio Público.

Existe el Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (Maimi), que se encuentra en La Verbena, zona 7 de la ciudad de Guatemala, y tiene como función atender las denuncias de violencia contra las mujeres, de manera coordinada entre todas las instancias que tienen responsabilidad en este tipo de casos. Allí se encuentran representantes del Inacif, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y el Organismo Judicial, con la idea de no revictimizar a quienes denuncian delitos en su contra. Se supone que el cierre del Juzgado de Turno de Primera Instancia obedece a que ya existe este Maimi.

Sin embargo, acudir al Maimi no es fácil para quienes denuncian, por varias razones: para las mujeres que solo necesitan medidas de seguridad, por ejemplo, el proceso se vuelve engorroso y muy largo, al tener que pasar por todas las instancias, y puede durar, incluso, un día entero; el acceso a La Verbena es mucho más complicado, lo cual implica también un mayor costo, sabiendo que las mujeres son las más pobres entre los pobres; y está en un lugar más peligroso, lo cual las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

Durante el año 2022 se recibieron 45 mil denuncias de violencia contra la mujer, violación sexual y agresión sexual. En el 2021, Guatemala cerró el año con 82 mil 169 denuncias de delitos perpetrados en contra de las mujeres y personas menores de 18 años (datos del MP). De estas denuncias, cuatro de cada 10 llegan a sentencia, según la International Women’s Media Foundation, y este proceso puede tardar años.

El cierre de estos juzgados especializados parece coincidir con la visión que el Estado guatemalteco actual tiene sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Durante los últimos gobiernos, especialmente los dos más recientes, se han ido cerrando los espacios para las mujeres que imparten, defienden, promueven y denuncian la violencia contra ellas u otras. Esto me lleva a las operadoras de justicia que han sido criminalizadas y violentadas en años recientes. Traigo aquí los nombres de varias de ellas que o están en el exilio o están privadas de libertad y que están tremendamente afectadas en su salud emocional por el proceso vivido: Claudia Paz y Paz, Claudia Escobar, Thelma Aldana, Gloria Porras, Ericka Aifán, María Eugenia Morales, Mayra Véliz, Leyli Santizo, Eva Siomara Sosa, Amy Girón, Aliss Morán, Paola Escobar, Esther Ovando, Flor Gálvez, Virginia Laparra y Claudia González, entre otras.

¿Es esto violencia contra las mujeres en el marco del sistema de justicia guatemalteco? ¿Se ha cumplido la debida diligencia o son casos en un marco de lawfare? ¿Estamos viendo procesos de venganza y no de justicia? Quizás caben aquí las preguntas de la actriz Cecilia Suárez, en un foro reciente de Naciones Unidas: ¿Qué se odia de nosotras? ¿La sumisión? ¿La rebeldía? ¿Las preguntas? ¿El hartazgo? ¿La resistencia? Me quedo con su declaración final, cuando dice que, algún día, juntas gritaremos un “Basta ya”.