La naturaleza humana no puede negarse y es parte de ella que quien tiene poder tiende a abusar de él. El abuso de poder tiene una concepción inherente a nosotros como seres humanos, por ello es que a lo largo de la historia toda sociedad se ha dado a la tarea de racionalizar esta condición y establecer límites, competencias y claros espacios en que nuestra libertad puede y debe ejercerse sin perjudicar la del vecino. Es fácil señalar que nosotros podemos hacer todo aquello que no está prohibido, pero en situaciones de emergencia como la que vivimos, donde el miedo es adoptado, resulta difícil encontrar soluciones armónicas a una convivencia pacífica. Si el ser humano está frente a situaciones de supervivencia la razón no priva, sino que el instinto juega un papel fundamental.

En emergencias se nos limitan los derechos, la limitación tiene por objeto que el gobierno (entendido este como todos aquellos que ejercen función pública) pueda asegurar el orden pero porque existe alguna catástrofe o condición la situación se exige medidas excepcionales. En nuestro país, con historia sísmica recurrente, tenemos experiencia y por ello es que debemos ser claros que en muchas ocasiones han existido abusos de parte de ciertos funcionarios aprovechándose de la desgracia ajena.

Al ocurrir el terremoto de 1976 se integró el Comité Nacional de Reconstrucción, órgano que sin duda alguna jugó un papel fundamental en la recuperación de la infraestructura, pero donde se conocen casos donde ciertos funcionarios, de la noche a la mañana, se convirtieron en nuevos millonarios y como imperaba un régimen militar, ni por asomo, la posibilidad de denuncia era factible. El 7 de noviembre del 2012 un terremoto con epicentro en Champerico originó daños considerables en ciudades y pueblos de Retalhuleu, San Marcos y Quetzaltenango, este fenómeno originó un proceso de reconstrucción y se conocen causas penales con respecto a robos en el proceso de reconstrucción.

Ahora el planeta está en emergencia y países, con precarias instituciones como nosotros, debemos hacer frente a la crisis, sabiendo de antemano que, tanto en el ámbito privado como en el público, han existido personas que abusan de su posición y ven la ocasión como buen motivo para corromper. Por este motivo y sobre todo tomándose en cuenta nuestro pasado reciente es que debemos procurar atajar la corrupción y siempre la mayor fuente de este abuso se halla en la discrecionalidad.

El Congreso aprobó una ley denominada “Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia COVID-19”, en él se establece que el Crédito Hipotecario Nacional y el Ministerio de Economía podrán otorgar créditos, “sin restricción para personas políticamente expuestas (PPE), la línea de crédito ha trascendido es de 400 millones de quetzales.

Lo anterior es un incentivo a la corrupción, porque serán funcionarios públicos, quienes manejarán información privilegiada y quienes pueden conocer, de primera mano, los requerimientos para pasar la pandemia y luego enfrentar el hoyo económico y social que será de profundidades abismales.

Establecer por 126 diputados una disposición como la que se señala es un desatino enorme y abre las puertas a la conocida máxima “en arca abierta, hasta el justo peca”.

Combatir únicamente la corrupción desde el ámbito penal es un error y acá estamos frente a un incentivo perverso de abuso, aprovechamiento y latrocinio, además lesiona la igualdad ante la ley, puesto que un funcionario jamás es similar a quien no lo es, de allí la existencia de la clasificación “Persona Políticamente Expuesta”, esto debe modificarse de inmediato o conseguiremos deslegitimar procesos de recuperación económica cual es grave.