Durante 20 años, el grupo de terratenientes, inversionistas y corredores de bienes raíces de La Antigua Guatemala, afiliados a la fundación Adepanchoy, luchó por tener su control, al igual que sus homólogos a nivel nacional tomaron el poder público del país en 1954, al consolidar la vocación de encomenderos, heredada de la Colonia, como dueños de la finca en que convirtieron el país al declarar la Independencia en 1821.

Para algunos integrantes, el valor histórico de la ciudad nunca tuvo importancia, como no fuera para exponerse en un contexto cultural concomitante, aunque ajeno, desde su declaración como Monumento Nacional en 1944. Con la publicación de la Ley Protectora de 1969 no se sintieron inseguros, pues el café daba réditos, estábamos en plena guerra interna, la inversión inmobiliaria era escasa y la actividad del consejo protector (CNPAG) se centró en el rescate de los monumentos y su puesta en valor, en tanto el Plan Regulador de 1974 les pareció una herramienta intrusa y distante.

La dinámica de la protección de la ciudad sobrepasó los límites de la academia y fue incluida en la lista del patrimonio cultural de la humanidad. Vecinos y profesionales, en apoyo a su conservación y desarrollo propusimos instrumentos de planificación territorial adecuados a la nueva categoría, lo mismo que reformas a la ley protectora que contó con el aval de todos los sectores, incluyendo la administración pública local; apoyo con el que pasó al Congreso. Entre tanto, la nueva valoración dejó sentir su poderoso influjo económico en todos los ámbitos, incluyendo el inmobiliario; efecto que llamó la atención de algunos finqueros y otros sectores afines: inversionistas y corredores de bienes raíces, sin ideología ni amigos, pero con intereses en común.

Falsos políticos decidieron que el Estado era incapaz de administrar la cosa pública y delegaron su función en empresarios, importante sector que desconoce de planificación, pero sabe hacer dinero. Localmente esa falacia permeó a nivel municipal. Siguiendo el poderoso ADN de la encomienda, apostaron al poder público a través de las elecciones. Después de dos intentos fallidos, en 2020 cooptaron la alcaldía y en 2023 el CNPAG.

El caso es que en Sept2021, mediante convenio Muni-Adepanchoy, esa última “revisó” el Plan de Ordenamiento Territorial (Pot) contratado a una empresa internacional que no fue reconocido en 2019, para ajustarlo a sus particulares intereses. Su aceptación en Mzo2023 fue calificada de anómala por los vecinos que atendieron el acto público convocado para el efecto. Con Pot o sin él, pero con el poder que otorga el autoritarismo, hicieron lo que les place. Entre LaAG y Ciudad Vieja, sin planificación de por medio, edificaron una sucesión de centros comerciales que generan congestionamiento vehicular a toda hora. Entre Navidad y Año Nuevo, al ingreso de la ciudad, en la finca La Chacra, se apropiaron de la carretera nacional para construir una nueva aberración urbana y poder entrar a otro centro comercial.

Aunque usted no lo crea, en Guatemala el modelo urbano está determinado por empresarios que promueven centros comerciales con el afán de organizar congestionamientos vehiculares a los que confieren la imagen de “desarrollo”. Fórmula, desde luego, equivocada. En La Antigua Guatemala las autoridades que asumirán el 15 de enero no pueden sumarse al juego de la complicidad. Los agresores tienen nombre y apellido a quienes habrá que deducir responsabilidades y obligarlos a rectificar sus embestidas, pues no pueden obviar —inversionistas y autoridades— el carácter de patrimonio cultural de la humanidad en riesgo por liviandad.