El gobierno de la clica “patriota” fue el mejor ejemplo de cómo una estructura criminal tomó la forma de partido político para cooptar al Estado por la vía democrática. La red mafiosa patriotera logró colocar en la presidencia y vicepresidencia del país a sus jefes supremos y estos supieron conformar una tupida telaraña de redes de corrupción y de influencia.

No es que no hubiera pasado antes, está claro que lo del Patriota no fue un fenómeno exclusivo y tampoco novedoso. Pero el descaro del asalto a la institucionalidad pública y la prepotencia fueron de tal magnitud que, a partir de la primera investigación (el caso La Línea), la gente no dudó en salir a la calle y pedir la renuncia de la dupla Pérez-Baldetti porque estaba claro que aquello no era un gobierno, sino una banda de asaltantes.

Uno a uno fueron saliendo a la luz los negocios pestilentes de la mafia y uno a uno fueron cayendo políticos, funcionarios y diputados. Después vinieron las investigaciones contra otras agrupaciones políticas y los casos por financiamiento electoral ilícito —incluso se cancelaron partidos—, y a partir de ahí comenzó una guerra sin cuartel para detener la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Sin lugar a dudas, las investigaciones del año 2015 marcaron el proceso electoral que estaba en desarrollo y, en el medio del escándalo, el pueblo con su voto dizque castigó en las urnas a los candidatos presidenciales de la “vieja política”, eligiendo a un outsider que terminó siendo más de lo mismo, o un poco peor. Por más que se advirtió del peligro que representaba aquel comediante autoproclamado “ni corrupto, ni ladrón” y su círculo cercano —repleto de exmilitares y de fanáticos religiosos— la gente se creyó aquello de que la solución venía de un supuesto “ungido” y “novato” en las artes macabras de la política partidista.

Aquella purga no alcanzó al Congreso, ahí la “vieja política” se afianzó. Los cacicazgos y el caudillismo se impusieron —como sucede desde hace décadas— y se conformó una mayoría legislativa de impresentables que, lamentablemente, sigue gozando de muy buena salud.

La presidencia de Jimmy Morales y la de Álvaro Arzú Escobar en el Congreso terminaron por dinamitar los pequeños avances que se habían dado para que este país empezara a salir de las garras de las mafias que lo tienen capturado. En esta alianza perversa de los políticos corruptos participan todos los sectores que vieron afectados sus intereses y sintieron que estaban perdiendo el control sobre el Estado cooptado.

Ahora, con el actual proceso electoral, ven una oportunidad de oro para que por la vía de las urnas se termine de concretar y se profundice la regresión autoritaria. Como en las anteriores campañas, nuevamente hay estructuras criminales disfrazadas de partidos políticos listas para tomar por asalto la institucionalidad y seguir corrompiéndola.

Hay mafias que buscan terminar de darle al Estado de Derecho la estocada final: los poderes fácticos, los emergentes, el crimen organizado y el narcotráfico. Suficiente información ha circulado respecto de quiénes son y por quiénes están rodeados los candidatos punteros. Suficientes muestras de a quiénes responden y de cómo se conforman sus círculos de confianza para continuar con la cleptocracia.

Y aunque lo ideal hubiera sido integrar un frente amplio de los partidos democráticos, decentes y progresistas —que ojalá se concrete—, este es el momento de optar por alguna de las agrupaciones que podrían hacer la diferencia de llegar al gobierno o al Congreso y así armar un bloque antimafia.

Este país no puede soportar que por otros 4 años las redes criminales sigan en control del Estado, legitimadas por una fachada democrática. Toca decantarse por algo distinto. Es eso o consumar el Estado fallido.