El año que se avecina trae consigo algunos retos que vistos desde una perspectiva estoica pueden ser oportunidades para mejorar el país y tener un escenario electoral en el 2023 más esperanzador. Pero sin visión de país la débil institucionalidad que tenemos corre riesgo.

El 2022 estará marcado por una gran carga política ya que es año preelectoral, lo que conlleva que los distintos partidos del sistema político finalicen de consolidarse y dejen de lado acuerdos coyunturales entre otros partidos y se enfoquen en fortalecer su presencia de cara con el electorado.

Finalizando este año vemos algunos componentes que nos pueden dar una buena imagen de las dinámicas que estarán ocurriendo el otro año. La cancelación del partido UCN y UNE. El primero se visualiza más cercano en el tiempo que el segundo, pero de materializarse la cancelación del partido UNE se estaría dando fin a una era política que pudiera oxigenar el sistema político.

Además de todos los cambios entre partidos políticos que veremos el otro año —que poco efecto tendrán en un cambio de fondo del sistema electoral/político porque la falta de reforma en la ley electoral sigue— tendremos elecciones de Fiscal General, Procurador de Derechos Humanos, Contralor General de Cuentas y Procurador General de la Nación.

La situación del sistema judicial en el país sigue en deterioro. La falta de alternabilidad de poder en unos de los poderes del Estado debe ser atendida en cuanto antes, la verdadera oportunidad radica en que además de tener una elección de Cortes nos adentremos a una discusión seria y esfuerzo en mejorar el modelo de elección y gestión del sistema judicial.

El presupuesto general de la nación requiere de un enfoque urgente. Los riesgos de tener un presupuesto general sin rumbo claro de inversión, con pocos mecanismos de calidad de gasto, con aumentos injustificados y con mayor deuda pública no solo es inmoral de cara al desperdicio de los fondos si no que se convierte en el botín de los políticos populistas para mantenerse en el poder.

Reenfocar y rescatar la herramienta del presupuesto general de la Nación como mecanismo de calidad de gasto, prioridad de políticas públicas de urgencia (como la desnutrición crónica) y asegurar una infraestructura de calidad para la población es una tarea fuerte que tenemos como sociedad.

Cerrando el año 2021 Guatemala tendrá un positivo crecimiento del producto interno bruto al rededor del 7% gracias a la resiliencia temporal, así como condiciones y con factores extraordinarios. Este crecimiento económico puede ser un motor político para superar las limitantes institucionales que tenemos para contar con un crecimiento acompañado del desarrollo de forma sostenible.

Lograr esto requiere tener un rumbo claro de nación. Contar con un rumbo de nación es de gran beneficio para los ciudadanos e incluso para los políticos (serios) de un país. Guatemala necesita que diversos actores y sectores puedan contestar la pregunta ¿hacia dónde va el país? de manera unísona y estén comprometidos a lograrlo. Se vislumbran esfuerzos que inician a ser impulsados en esta vía. El 2022 pudiera ser un año clave para definir materializarlo. Así entrar al año electoral 2023 con un rumbo claro y no reaccionar a la coyuntura de momento sin rumbo definido.