El gobierno abierto fue la estrategia principal del último gobierno para mejorar la participación ciudadana en los asuntos públicos. En 2011, el gerente general de la New Orleans Public Radio, Paul Maassen, se convirtió en el gurú fundador de gobierno abierto para el continente americano, excluyendo Bolivia, las Guyanas y Venezuela. También participa la mayor parte de Oceanía, los países meridionales de la Unión Europea, Reino Unido y reinos de Suecia y Noruega. En España, incluye al País Vasco, pero no Cataluña.

A esta iniciativa no fueron invitados China, Cuba, Madagascar ni Vietnam. No se integraron, a pesar de ser convocados, Rusia, la mayor parte de países islámicos y africanos. El compromiso inicial en 2011, fue firmado por José Rafael Espada como Vicepresidente, dirigido a María Otero, Subsecretaria para la democracia y asuntos globales del Departamento de Estado de EUA. No obstante, no es una entidad oficial de EUA u organismo internacional, ni siquiera una corporación. Se trata de una reunión para manifestar declaraciones vinculantes, hechas sin presión, sugerencia o ventajas. La reunión del mundo libre para combatir la corrupción. Estamos conscientes que muchos no entienden la ironía.

Los fondos para funcionamiento provienen del Reino Unido y EUA con un óbolo simbólico de Francia; y de las fundaciones Open Society de Soros, Hivos de Holanda, Ford, Hewlett, Luminate de eBay y una dádiva de International Education formada por académicos de la Ivy League.

Mientras algunos países identifican uno o dos puntos de interés para participar en esa iniciativa de auditoría internacional, el nuestro se implicó a fondo Por declaración propia, los sucesivos gobiernos han elaborado 62 objetivos. Apenas se alcanzaron logros. En el primer plan fueron 7%; en el segundo, 2%; en el tercero 9%; y, en el cuarto no se le reconoce ninguno. No obstante, se está orgulloso de las obligaciones. El gobierno de Morales definió 22 compromisos adicionales, ignorados por las personalidades y empleados de ese conglomerado en el nivel internacional.

Además, el acuerdo gubernativo 41-2018, creó la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. Todo está servido para asumir una responsabilidad a fondo en alianza con las fundaciones y gobiernos participantes. Se ha elaborado un informe del plan de acción que finaliza en 2020, con aparente objetividad pues deja ver carencia de resultados.

En operación similar a la organización internacional, se supone que participan oenegés para garantizar la imparcialidad de la evaluación. Sin embargo, Acción Ciudadana, Asociación Artículo 35, Sedem, Icefi, Iripaz y Red Ciudadana se retiraron del ejercicio institucional en septiembre de 2018, cuando llegaba a su máximo el pulso del presidente Morales con la Cicig. De esa manera, la tercera parte de las oenegés corresponsales locales de las internacionales de open government rompieron el acuerdo globalizado. No son los únicos, en Paraguay se dio similar situación, aunque con el agregado de ofrecer colaborar con el próximo gobierno. El 25 de septiembre del corriente, una experta, Sandra Elena, anuncia que Red Ciudadana, una oenegé fuera del acuerdo, hará el informe sobre el estado de la justicia del país, para imponer mejoras.

En fin, cada quien juzgue. El próximo gobierno decidirá su futuro en ese truculento espacio. Ya declaró que suprimirá varias oficinas pero parece ignorar a esta. Cuando se piensa en tal burocracia resuenan las palabras del revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón: Nada es tan desalentador como un esclavo satisfecho.