La Guatemala de la muerte. La Guatemala de la violencia. La Guatemala de las niñas y las mujeres desaparecidas y asesinadas. La Guatemala del miedo. La Guatemala del terror. La Guatemala de la indiferencia y del silencio cómplice. La Guatemala de la eterna impunidad.

El martes 9 de febrero, hace justo una semana, Sharon Figueroa, de 8 años, fue secuestrada mientras jugaba con su bicicleta en el patio de su casa en el barrio La Ceibita, Melchor de Mencos, Petén. Ese mismo día, tras su desaparición, su mamá activó una Alerta Alba-Keneth que se replicó infinidad de veces por las redes sociales.

No había pasado ni siquiera un mes de la desaparición y el asesinato en Tiquisate, Escuintla de Hillary Arredondo de León, una pequeña de 3 años de edad, cuando nos enteramos que Sharon también fue asesinada. Tres y ocho años, nada más. ¿Qué otra cosa hay que agregar frente a esta barbarie?

Las muertes violentas de Hillary y Sharon, dos niñas guatemaltecas que apenas empezaban a vivir, explicitan de manera cruda y descarnada la sociedad en la que vivimos. Sus asesinatos no son hechos aislados. Son crímenes que se suman a la interminable espiral de violencia contra las niñas, las jóvenes y las mujeres de Guatemala.

Una violencia que se ejerce de manera cotidiana, de distintas formas y en todos los espacios. Una violencia que se expresa de múltiples maneras y que se justifica y se naturaliza con las prácticas, las narrativas y los discursos que se repiten desde la institucionalidad pública, las iglesias, escuelas y los medios hegemónicos de comunicación y que, en esta era digital y globalizada, se multiplican hasta el infinito en las redes sociales.

Pero esta crueldad y esta barbarie no son nuevas en nuestro país. Durante los años de la guerra decenas de niñas, mujeres y jóvenes fueron torturadas, desaparecidas y asesinadas. Y cientos más sufrieron violencia y esclavitud sexual. Los cuerpos de las mujeres concebidos como botines y armas de guerra. Y esas prácticas del terrorismo de Estado, donde la autoridad se convirtió en verdugo y hubo un ejercicio criminal del poder, quedaron instaladas y naturalizadas. A esto se refiere el continuum de violencia y la perpetuación de la impunidad.

Por eso, no es una casualidad el asesinato de 41 niñas y adolescentes que murieron quemadas en una habitación del Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción, luego de que fueron encerradas por la policía como castigo por intentar escapar y denunciar los malos tratos y la violencia que sufrían, en un centro que se supone era un espacio de acogida y protección estatal. Tampoco es casual que estén por cumplirse, este 8 de marzo, 4 años de aquella barbarie y el caso siga en la impunidad.

Esta violencia machista no se arregla con el discurso y la práctica del populismo penal, ni con su variante más extrema, la pena de muerte. La violencia no se combate con más violencia, ni con convertir al Estado en criminal. Y que no se me malentienda, no estoy hablando de proteger a los delincuentes, ni a los violadores, ni a los asesinos. Hablo de una justicia pronta y cumplida, de la aplicación igualitaria de la ley, de que se tenga la certeza de que ningún crimen quedará sin castigo. Porque nunca como hoy, se hace más evidente que la impunidad del pasado es la impunidad del presente.

Combatir y terminar con el flagelo de la violencia contra las mujeres y las niñas requiere abordar sus causas más profundas y estructurales. Se trata de atender las raíces de la exclusión y la discriminación. De erradicar todas las desigualdades contra las mujeres -que son muchas- y que no nos sigan matando mientras recorremos ese camino.