En las elecciones del 2015 y 2019 nos salvamos como gatos panza arriba de caer en las garras del socialismo de siglo XXI, en sus diversas encarnaciones. Entre los múltiples factores que decidieron la última elección presidencial, destaca el hecho de que los votantes percibimos como menos ideologizada y socialista la propuesta de Alejandro Giammattei, en comparación con la de Sandra Torres. Sin duda, los ruidosos progresistas están listos para detonar sus misiles contra la administración Giammattei-Castillo a partir de mañana, su primer día en funciones, tal y como hicieron con la administración saliente. Las nuevas autoridades deberán atravesar el campo minado que representa la política nacional; esto ya lo sabe nuestro nuevo presidente, pues lleva alrededor de 35 años en estos valses. Podemos suponer que tiene previsto jugar ajedrez político con potentes grupos de presión.

El nuevo gobierno debe recordar que las grandes mayorías silenciosas permanecen alejadas, y bastante asqueadas, por ese mundillo político. Nos incomodan las intrigas, los peladeros, las manifestaciones acarreadas y las tendenciosas intervenciones de personajes como la diputada estadounidense Norma Torres. Los guatemaltecos productivos y pacíficos queremos que nos dejen trabajar en paz y en libertad. Más que favores, privilegios, subsidios y regalitos, queremos un clima de oportunidades para crear bienestar para nuestras familias y comunidades.

Algunos países han experimentado un despegue económico ampliando los espacios de libertad de sus ciudadanos. ¡Guatemala puede lograrlo también! Es cierto que no hay recetas, pero sí hay evidencia empírica abundante que ilumina la ruta a seguir. Por ejemplo, el Índice de libertad económica que publica la Fundación Heritage subraya algunas prioridades puntuales: combatir eficazmente la corrupción, eliminar las excesivas regulaciones, facilitar el comercio internacional, atraer la inversión extranjera, mejorar el acceso a electricidad, flexibilizar la legislación laboral, y ampliar el acceso al crédito bancario, entre otros. En el perfil de Guatemala (2019) leemos que “estos grandes retos continúan empañando el desempeño económico y la competitividad del país, dificultando aún más el manejo del déficit fiscal, y las mejoras en eficiencia del sector público”.

El fortalecimiento del estado de Derecho es imperativo. Es función prioritaria del gobierno garantizar los derechos básicos a la vida, la libertad y la propiedad privada. Estos derechos no son concedidos por los gobiernos, sino los preceden. En un estado de Derecho, los gobernados y los gobernantes se sujetan a leyes generales y abstractas en igual medida. Además, estas leyes deben ser ampliamente conocidas. Interesa crear un entorno institucional predecible, justo y seguro, centrado en la persona. La igualdad constructiva y verdadera es la igualdad en derechos, no la de los bienes arbitrariamente expropiados y redistribuidos.

El estado de Derecho está atado a la prosperidad económica. Las violaciones al estado de Derecho fomentan algunas conductas que provocan pérdidas: el irrespeto a los derechos individuales aumenta los niveles de incertidumbre. Las personas empiezan a usar el gobierno como un medio para combatir el riesgo, saltarse las exigencias del mercado y acceder a prebendas. Aumenta la corrupción, y paradójicamente, también la maraña de leyes contradictorias que redundan en un estado de legalidad y destruyen el estado de Derecho.

El nuevo gobierno puede cumplir su promesa de traernos empleos, seguridad, oportunidades y prosperidad si concentra su atención en esta gran carretera de la libertad, sin dejarse ofuscar o distraer por sus detractores progresistas.