El viernes 1 de mayo, la revista Semana de Colombia publicó un informe especial titulado “Las carpetas secretas”, una investigación periodística que revela cómo algunas unidades del ejército colombiano ejecutaron durante varios meses un programa de seguimiento y vigilancia de más de 130 personas, en su mayoría periodistas. También fueron espiados políticos, sindicalistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El espionaje se realizó entre los meses de febrero a diciembre de 2019 mediante herramientas informáticas y de software que recolectaban la información de forma masiva: interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, recolección de direcciones de residencias y trabajos de familiares, colegas y amigos de las personas espiadas; datos sobre sus lugares de votación e inclusive infracciones de tránsito, que sirvieron para elaborar informes de inteligencia militar.

Según reporta Semana, varias de las unidades militares involucradas, que recibían apoyo económico directo del gobierno de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el terrorismo, habrían desviado estos recursos para adquirir herramientas de espionaje con las que vigilaron incluso a periodistas estadounidenses, incluyendo al corresponsal del diario The New York Times en Colombia.

Esta operación de vigilancia y espionaje se parece mucho a la que se montó en el 2012 desde la Dirección de Inteligencia Civil del gobierno guatemalteco para vigilar periodistas, políticos de oposición, líderes sociales y campesinos e, incluso, diplomáticos. Como sucedió ahora en Colombia, fue un reportaje periodístico de los colegas Luis Ángel Sas y Coralia Orantes el que develó la existencia de un aparato paralelo de inteligencia que realizó sistemáticamente escuchas telefónicas ilegales e ingresó a cientos de cuentas de redes sociales y correos electrónicos para obtener información.

En Colombia como en Guatemala, y antes en México, fue el trabajo de investigación de periodistas independientes el que permitió sacar a la luz estas operaciones ilegales de vigilancia contra personas consideradas “enemigas” del régimen. Ejemplos muy concretos de cómo el periodismo contribuye a develar los abusos y excesos de los grupos de poder, la captura y cooptación de los estados por parte de redes criminales y las operaciones de espionaje en plena democracia.

Ese es el valor de la prensa independiente. Esa es la contribución que las y los periodistas —éticos y comprometidos— realizan en sus países en defensa de los derechos y libertades ciudadanas y esa también es la razón por la que se les persigue, vigila, acosa, desprestigia y se les señala públicamente tratando de demeritar su trabajo. Por eso no es casualidad que la mayoría de quienes son espiados y vigilados por los aparatos paralelos de inteligencia sean periodistas y tampoco es casual que en las redes sociales crezcan como espuma, desde cuentas anónimas y ejércitos de netcenteros, los ataques y calumnias en su contra.

La tentación de los gobernantes, más aun cuando tienen una veta autoritaria, es silenciar a la prensa independiente y presentarla como enemiga porque pregunta, indaga, disiente y cuestiona. Para estos presidentes con ínfulas de emperadores, el periodismo resulta incómodo porque pone luz sobre todo aquello que ellos quieren mantener oculto. De ahí que las amenazas, la denegación de información y la vigilancia se mantengan como forma de relacionamiento y método de presión y censura.

Un peligro adicional que podría provocar el covid-19 es que las medidas para frenarlo justifiquen más ataques contra la democracia, los derechos humanos y los medios independientes. Transformar esta pandemia en una excusa para incentivar los abusos de poder y profundizar las prácticas autoritarias es una amenaza latente que debemos enfrentar.