En Guatemala, las cosas se han hecho de una manera desde hace mucho tiempo. Por arriba todo bonito, y por dentro va la procesión. Mucho ha sido hasta “legal”, pero ha obedecido a intereses políticos y económicos de pocos, y por lo tanto ha sucedido, desde el abuso de poder. De ser colonia española, con los consabidos despojos y exclusiones, pasamos a una independencia, en 1821, liderada por la clase ilustrada y con cierto poder económico, que buscaba desprenderse de una Madre Patria que pedía demasiados tributos.

Esto se confirma, como ya he mencionado antes, en el punto primero de nuestra acta de independencia: “Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, i sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande publicar, para prevenir las consecuencias que serian temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. Allí, la clase política criolla identifica al pueblo como una amenaza y le quita su derecho de autodeterminación.

Desde mediados del siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas solicita al rey español las cédulas reales, para evitar que los indígenas fueran despojados de sus tierras comunales. Y, sin embargo, a partir de la Reforma Liberal impulsada por Justo Rufino Barrios (1871), el idioma fue el factor principal del despojo de esas tierras. El nuevo ordenamiento territorial mandaba que solo quienes, en “castilla”, podían probar que las tierras eran suyas, se constituían legalmente en sus dueños. También mandaba que sólo quienes podían pagar la medición de los terrenos nacionales baldíos, se convertían en sus propietarios. Esa arquitectura jurídico-agraria fortaleció un orden feudal, basado en la expropiación, la discriminación, la opresión, la exclusión y la esclavitud. La corrupción se había enraizado en la conciencia blanca-ladina-criolla.

Desde principios del siglo XVII hasta finales de la colonia, el Repartimiento, institución económica colonial, se realizó bajo el terror, y resistirlo era provocar la ira del Corregidor, quien podía mandar a azotar a los indígenas hasta despellejarlos. Primero, obligados a trabajar gratuitamente para el rey por la vía del tributo, debían ahora trabajar en forma casi gratuita para los hacendados, por la vía del repartimiento y para pagarle a los Corregidores sus “deudas”. Estos mecanismos fueron causa de su inferioridad económica, cultural y social, inferioridad por la cual, además, algunos aún les responsabilizan.

Como resultado, las innumerables resistencias históricas de pueblos originarios y las persistentes represiones de criollos y ladinos (Motines de indios y La patria del criollo / Severo Martínez Peláez). En este paro nacional por la recuperación de nuestra famélica democracia, los pueblos originarios se han convertido en el actor político más importante. Y aunque nuestro ADN racista se resista a aceptarlo, debemos reconocer que, a pesar de los siglos, ellos tienen niveles de organización, cuyo origen es prehispánico. Esto ha hecho que tantas veces hayan puesto el cuerpo en defensa de sus territorios. Hoy, basada en hechos y no en posturas románticas o políticamente correctas, hay que reconocer que lo han hecho por Guatemala.

Todos estamos hartos de la corrupción. Un país donde los derechos inherentes a todos, como la educación, la vida digna, la justicia y la salud, entre muchos más, han sido considerados privilegios, tenía que encallar en un puerto como el de hoy. El Pacto de corruptos ha llevado a este país a la orilla del abismo, y los pueblos originarios nos pusieron la plana en esta que ya es considerada, una segunda revolución.