La semana pasada se dieron a conocer los resultados de la décimo tercera edición del Índice de Estado de Derecho, que publica la organización World Justice Project (WJP). El informe genera el instrumento más completo para medir la situación de 142 países en materia de estado de Derecho. A nivel global, el país con la mejor evaluación respecto del estado de Derecho es Finlandia, seguido de Dinamarca, Noruega, Suecia, Austria, Alemania, Singapur, Japón, Estonia y Países Bajos.

En el caso de América Latina, sobresalen Costa Rica en la posición 36 de los 142 países, seguido de Uruguay (38), Chile (48), Argentina (87) y República Dominicana (92). En el caso de Guatemala, este año estamos en la posición 111 de los 142 países, mejorando una posición respecto al año anterior, con una evaluación de 44 puntos sobre 100.

El World Justice Project define el estado de Derecho como un sistema durable de leyes, instituciones, normas y compromisos en una comunidad, que proporcionan rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. El índice se divide en ocho factores relacionados a los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Para la última evaluación Guatemala ha tenido avances que valen la pena resaltar en materia de lucha contra la corrupción, específicamente en cuanto a la percepción de la población a las fuerzas de seguridad que tuvo una leve mejora, gobierno abierto, donde el país ha avanzado constantemente en los últimos años, especialmente por el uso de la tecnología en materia de mecanismos de quejas y derecho a información pública y en el factor relacionado a justicia criminal, en el que se ha mejorado la eficiencia del sistema.

No obstante, es importante recalcar que existen muchos retos, especialmente en factores donde el país ha retrocedido, tal es el caso de los límites al poder gubernamental, percepción de corrupción, especialmente en el Organismo Legislativo, derechos fundamentales, donde la garantía a los derechos laborales debe todavía tener un mayor impulso, especialmente por el alto porcentaje de la población económicamente activa que trabaja en la informalidad, cumplimiento regulatorio en el cual se ve una falta de conducción oportuna de procedimientos administrativos debido a la discrecionalidad que se le deja a los funcionarios públicos y falta de efectividad en la aplicación de la justicia civil.

El índice de Estado de Derecho es especialmente importante en estos días, en que el país ha estado en una de las crisis políticas más graves de nuestra era democrática. La falta de certeza jurídica y de previsibilidad, está afectando la atracción de inversión y el daño institucional que ciertos grupos han hecho a nuestro sistema democrático se va a reflejar incluso más en la evaluación del próximo año. Esto podría incluso afectar la calificación de riesgo país, en caso no se tomen las medidas necesarias para lograr una transición democrática, dentro del marco constitucional. Si a esto le agregamos las pérdidas económicas causadas por los bloqueos, el país necesita enfocarse en el estricto apego al debido proceso según lo estipula nuestro marco jurídico.

Por eso es tan importante en estos momentos que luego de la toma de posesión del Dr. Arévalo y la Dra. Herrera como binomio electo, así como de todas las demás autoridades, podamos trabajar juntos como país en fortalecer nuestras instituciones y mejorar el estado de derecho.